05-02-2019 / 20:39 h EFE

Una familia de Santoña, compuesta por un matrimonio en situación de desempleo y sus tres hijos -dos de ellos menores de edad-, se enfrenta el martes, 12 de febrero, al desahucio de su vivienda en alquiler por no abonar las cuotas en los últimos meses.

La plataforma Stop-Desahucios ha anunciado hoy en un comunicado que ese día convocará una concentración para paralizar el desalojo, pero confía en que se suspenda el lanzamiento tras las gestiones realizadas en el Juzgado de Santoña y con la entidad demandante, Buildingcenter.

En este sentido, la familia está a la espera de saber si esta sociedad de CaixaBank acepta su propuesta de recibir el abono de la deuda de "forma fraccionada", porque el matrimonio "malvive" con una renta social básica "de 630 euros y deben 1.200 euros de alquiler y 600 euros del recibo del agua".

Hace 16 años compraron, mediante un préstamo hipotecario con La Caixa, la casa donde residen en la actualidad, pero en 2014 cedieron la vivienda mediante dación en pago y firmaron un contrato de alquiler social.

Tras una situación de desempleo y de "pobreza sobrevenida", no han podido afrontar los pagos mensuales del alquiler de la vivienda.

Para el portavoz de Stop-Desahucios, Roberto Mazorra, lo "más grave" es que la pareja "no han podido defenderse" de la demanda presentada por Buildingcenter, porque fueron "mal aconsejados" al ser informados de que "no tenían derecho a justicia gratuita".

"Es cierto que no es preceptiva la asistencia de abogado y procurador en procedimientos civiles cuya cuantía esté por debajo de 2.000 euros", explica Mazorra, al tiempo que aclara que si una de las partes se presenta con abogado y procurador, la otra parte "tiene también derecho a personarse con abogado y procurador, de oficio en este caso".

"De otra forma, se produciría una indefensión de libro y se conculcaría la tutela judicial efectiva por desigualdad flagrante entre las partes", concluye.

Precisamente, esta particularidad ha sido una de las alegaciones que se han presentado en el Juzgado de Santoña para la suspensión de la orden de lanzamiento.

La otra alegación se basa en la sentencia, 1797/2017 del Tribunal Supremo, que obliga a la actuación de los poderes públicos cuando hay menores ante situaciones de riesgo de desahucio.

En este sentido, según Stop-Desahucios, se sitúa el "bienestar de las familias por encima del derecho a la propiedad, al menos, temporalmente mientras subsista la situación de los menores".

 
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