16-01-2019 / 19:09 h EFE

La patronal de los concesionarios Faconauto ha respaldado la denuncia presentada hoy por la asociación de fabricantes de vehículos Anfac ante la Comisión Europea y el Consejo para la Unidad de Mercado del Ministerio de Economía por la futura prohibición de nuevos coches diésel en las Islas Baleares.

Según el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de esta autonomía, los automóviles y motos diésel no podrán circular por las islas a partir de 2025, mientras que el resto de los vehículos propulsados por combustibles fósiles no podrán hacerlo a partir de 2035, ha explicado Faconauto en un comunicado.

La patronal ha mostrado su preocupación por que, de aprobarse esta norma, se "pondrá en serio peligro el sector de la distribución y reparación de vehículos en las islas", según ha afirmado.

Los clientes dejarán de adquirir los modelos de combustión -que actualmente son el 99 % de las matriculaciones-, ha subrayado la asociación, al mismo tiempo que ha destacado que los concesionarios de Baleares dan empleo a 5.000 personas de manera directa y a otras 20.000, indirectamente.

Según la patronal, la futura norma es "irresponsable en los plazos" y "no responde" a las necesidades de los conductores ni a la realidad de mercado, ya que los nuevos vehículos diésel y de gasolina "seguirán siendo en los próximos años una opción muy válida en múltiples situaciones, por su consumo eficiente de combustible y porque los fabricantes están tomando acciones concluyentes para reducir al mínimo su impacto sobre el medio ambiente".

Desde el punto de vista legal, el proyecto de Ley "invadiría competencias estatales y de la UE", como la normativa de homologación de vehículos de la Unión Europea, el Marcado CE, que actúa como un "pasaporte" para el comercio de un producto dentro de los países de la UE.

Según ha subrayado Faconauto, los estados miembros no pueden prohibir, restringir o impedir la colocación en el mercado o puesta en servicio de un producto con marcado CE.

Por eso, en opinión de la patronal, "el modo más eficaz" para asegurar a corto y medio plazo una movilidad sostenible en las Islas Baleares es "propiciar" la retirada de la circulación los vehículos con más de diez años (más contaminantes e inseguros), ya que la edad media del parque automovilístico balear se sitúa en 12,7 años -por encima de la media nacional de 12,1-.

Además, ha considerado "imposible" la implantación masiva de los vehículos eléctricos recogida por el anteproyecto balear si desde el Gobierno autonómico no se incentiva su adquisición mediante "un plan continuado en el tiempo y bien dotado presupuestariamente", que debe contar también con la instalación de puntos de recarga.

 
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