10-01-2019 / 17:59 h EFE

El Departamento vasco de Educación ha anunciado hoy que a partir del próximo curso los centros escolares tendrán la posibilidad de gestionar directamente los comedores escolares a través de las asociaciones de madres y padres, Ampas.

Así, serán las Ampas que lo deseen las que deberán impulsar todo el proceso como la contratación de profesionales de cocina y la adquisición de productos alimenticios, así como la seguridad y la higiene.

Esta decisión ha sido confirmada por el Departamento de Educación a través de una nota después de la celebración hoy en Vitoria de la comisión de seguimiento de comedores escolares.

A diferencia de lo que recoge la normativa actual, desde el próximo curso cada centro escolar, a través de las Ampas y de la aprobación del OMR de cada escuela, organismos integrados por la dirección, el profesorado, el personal docente, el ayuntamiento, las familias y el alumnado, podrán desarrollar individualmente la gestión de sus respectivos comedores.

El Departamento de Educación, por su parte, llevará a cabo una convocatoria de ayudas para facilitar la gestión directa de los comedores a los centros educativos que lo reclamen.

Este acuerdo se ha adoptado en el seno de la comisión de seguimiento de la que forman parte también los departamentos vascos de Salud y Desarrollo Económico, así como representantes de centros educativos públicos, de asociaciones de madres y padres, y de trabajadores de cocina dependientes de Educación.

El Departamento que dirige Cristina Uriarte ha destacado que esta decisión responde a la demanda de posibilitar a los centros la elección del modelo de gestión de los comedores.

Este acuerdo se produce cuando el Parlamento Vasco está estudiando en una comisión de investigación si hubo responsabilidades políticas del Ejecutivo vasco en la contratación de empresas para gestionar comedores escolares en colegios públicos entre 2003 y 2015.

La Fiscalía del País Vasco ya abrió diligencias de investigación después de que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) impusiera una sanción de 18 millones de euros a siete empresas por un reparto de mercado y fijación de precios entre 2003 y 2015, periodo durante el que estuvieron al frente de Educación consejeros de EA, PSE-EE y PNV.

No obstante, un año después varias de estas firmas recurrieron la multa y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó la sanción en un 60 %, aunque entendió que existió un pacto entre ellas y consideró que fue posible gracias a la falta de "reacción, indagación, consulta o prevención" del Gobierno Vasco.

 
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