09-01-2019 / 18:29 h EFE

El departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha acordado hoy con las patronales y sindicatos del sector residencial establecer una hoja de ruta prevista para junio para mejorar los servicios de atención a la dependencia.

El documento recogerá la planificación de mejora para los próximos tres años de la atención a los usuarios y también de las condiciones laborales de los 40.000 profesionales del sector, ya que "es un reto de país sin alternativa posible", según han apuntado patronales y sindicatos en un comunicado.

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, ha declarado al salir de la reunión que "hace falta hacer una reflexión global sobre un sector tan sensible como el de la atención a la gente mayor", y ha añadido que "la atención al envejecimiento es un reto de país".

"En Cataluña hay 1,5 millones de personas de más de 65 años, y en los 35 años siguientes la cifra se duplicará", ha destacado Homrani, que ha advertido que "hace falta estar preparados y contar con un sistema de atención que sitúe a la persona en el centro".

Homrani ha insistido en "la necesidad de que todos los agentes implicados se pongan de acuerdo y compartan objetivos".

Entre los representantes que han participado en la reunión se encuentran la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social de Cataluña y el Consorcio de Salud y Social de Cataluña, que han pedido "igualdad de trato y de recursos para todas las personas atendidas".

En el comunicado, también firmado por Centros Socio-sanitarios Católicos de Cataluña, Unión Catalana de Hospitales, Unión de Pequeñas y Medianas Residencias, junto con UGT y CCOO, han reclamado también un mejor salario, un incremento de las tarifas públicas después "de diez años de congelación" y un convenio catalán en el ámbito de la geriatría, "siempre que vaya vinculado al incremento de las tarifas".

Estas entidades ya presentaron hace dos años un "Manifiesto del sector de atención a la gente mayor en Cataluña" que reclamaba la aportación de 300 millones de euros para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y aumentar las tarifas públicas, una demanda que no llegó a cumplirse.

 
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