20-12-2018 / 15:51 h EFE

La enseñanza concertada de Extremadura ha solicitado hoy a la Junta de Extremadura que "dialogue y convoque" la mesa sectorial para "solucionar" sus reivindicaciones, en las que denuncian la "discriminación" que sufren frente al resto de centros que tienen fondos públicos.

En una concentración realizada hoy a las puertas de la Delegación Provincial de Educación de Badajoz, una veintena de personas se han concentrado con este objetivo y han mostrado una pancarta con el lema "No a la discriminación de la enseñanza concertada ¡unidos, más fuertes!".

El coordinador en Extremadura de la Federación de Enseñanza de USO, Javier Montserrat, ha asegurado a los medios que cuando padres y profesores se concentran es porque existe un "gran malestar" en el sector por la "discriminación" que padece la gente, "que es real y no imaginaria, por el sentimiento de escaso reconocimiento de la Administración a la labor educativa".

A su juicio, el alumnado tiene que recibir la misma calidad educativa en todos los centros sostenidos con fondos públicos, con independencia de si son públicos o concertados, en condiciones de igual gratuidad.

Montserrat ha exigido que se dote a todos los centros sostenidos con fondos públicos de los mismos recursos materiales y humanos, al financiar adecuadamente el concierto educativo, pagar el coste real del puesto escolar, presupuestar las mismas plantillas con jornadas y salarios equivalentes, apoyos y orientación

En este sentido, ha indicado que todos los profesores deberían impartir los mismos periodos lectivos y no entiende por qué si en los públicos tienen una jornada de 18 horas lectivas en los concertados hacen 25.

También se ha cuestionado sobre la recuperación de la paga extraordinaria de 2012 en algunas regiones, el acuerdo de homologación salarial que no existe en Extremadura o la revisión del concierto educativo.

El coordinador ha manifestado que la semana pasada se concentraron en Cáceres y que si no atienden sus propuestas continuarán las movilizaciones.

Esta situación afecta a unos 2.500 trabajadores para unos alumnos que corresponden a 30.000 familias en Extremadura, es decir, el 20 por ciento de la comunidad educativa.

 
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