11-12-2018 / 18:50 h EFE

El sindicato y la asociación de periodistas de Baleares y varios políticos de las islas, entre ellos la presidenta del Govern, Francina Armengol, han criticado la confiscación de los teléfonos móviles de dos redactores de Europa Press y Diario de Mallorca ordenada por un juzgado de instrucción.

"La libertad de expresión es uno de los pilares de nuestra sociedad", ha señalado en Twitter la presidenta autonómica, que no ha condenado expresamente la intervención de la Policía pero ha manifestado su "apoyo a los profesionales" afectados.

Armengol concluye su mensaje subrayando que "la información rigurosa y libre refuerza nuestra democracia".

La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) y el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares (SPIB) han emitido un comunicado conjunto en el que consideran la incautación de los teléfonos y los registros de redacciones, con retirada de ordenadores en el caso de Europa Press, "el mayor atentado contra la libertad de prensa de la historia democrática de Baleares".

Las dos organizaciones subrayan que el uso de estos métodos para tratar de desvelar la fuente de una información sobre el proceso judicial contra la corrupción conocido como caso Cursach es una vulneración del secreto profesional que ampara el ejercicio del periodismo.

Condenan además que a la redactora de Europa Press se le haya negado el derecho a la asistencia jurídica y expresan su apoyo a la negativa de Diario de Mallorca a entregar los ordenadores que se les requerían de forma voluntaria.

"El secreto profesional está amparado por el artículo 20 de la Constitución Española porque es imprescindible para proteger la identidad de la fuente en el ejercicio de la profesión periodística", enfatizan SPIB y APIB.

Las agrupaciones profesionales hacen un llamamiento "a las instituciones y a la sociedad civil balear a defender el derecho al ejercicio del periodismo".

También se ha pronunciado el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, quien se ha solidarizado con los periodistas que han visto vulnerados sus derechos profesionales, "pilares básicos en democracia" que ampara la Constitución.

"Estamos preocupados por esta situación y esperamos que se dé una respuesta pronto por parte de la autoridad judicial de lo que ha pasado", ha incidido Ferrà.

La Fiscalía del Estado ha confirmado su apoyo a la diligencia solicitada por la Policía para acceder a "los dispositivos de almacenamiento de información" de los periodistas en la investigación de presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

El ministerio público precisa que los periodistas no son objeto de la investigación y sostiene que la actuación está amparada en los artículos 573 y 575 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina que se podrá ordenar el acceso a documentos que puedan recoger "algún hecho o circunstancia importante de la causa".

 
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