04-09-2017 / 11:20 h EFE

La Plataforma "Sí a la Tierra Viva" estudia la posibilidad de remitir a la Fiscalía el expediente de tierras raras que Quantum Minería pretende explotar en el Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real.

El colectivo baraja esta posibilidad tras conocer la última resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo en la que considera que la inexistencia de recursos hídricos sigue siendo la cuestión de fondo por la que el proyecto debería haberse abandonado sin necesidad de tramitar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según ha informado la plataforma en nota de prensa.

En la resolución, el Defensor del Pueblo calificó de "claro y contundente" el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana emitido en la actual fase de consultas y en el que se ha considerado que "en relación con la cuantificación de las necesidades hídricas, se incurre en contradicciones entre las estimaciones recogidas en el estudio hidrológico".

Ello es debido a que en el documento de actuaciones sobre la disposición de agua no se justifica la "significativa reducción" de las necesidades hídricas, que han pasado de los 500.000 metros cúbicos anuales previstos en noviembre de 2015 a los 80.000 metros cúbicos actuales.

Asimismo, y ante la posibilidad planteada por el promotor de comprar agua a empresas adjudicatarias de servicios municipales y transportarla en camiones cisterna hasta la planta de tratamiento de mineral con un volumen de 250 metros cúbicos por día como máximo, la Confederación ha opinado que "no parece viable dado el carácter prioritario de los abastecimientos y la actual situación de sequía".

Sí a la Tierra Viva ha coincidido con el informe del Defensor del Pueblo en que "el proyecto de explotación minera debería haberse abandonado sin necesidad de tramitar la DIA, a la vista de los pronunciamientos de la Confederación sobre incompatibilidad de los proyectos con el Plan Hidrológico de la Demarcación".

La plataforma también ha advertido de que vigilará el cómputo del plazo máximo para emitir la DIA por el órgano ambiental, que según el artículo 13.1.b de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha es de dos meses desde la recepción, el pasado 25 de julio.

Asimismo, ha confiado en que el Gobierno regional "acate la ley y el mandato del Defensor del Pueblo rectificando su errática actuación en la tramitación del proyecto, pues ante la problemática de agua y la acuciante sequía que está sufriendo la región, su concesión supondría una verdadera afrenta a sus habitantes", ha concluido la plataforma.

 
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