28-09-2015 / 18:50 h EFE

El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que avaló la orden de la Comunidad Autónoma de 2005 que aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia para hacer viable el proyecto de la cooperativa de viviendas Joven Futura.

La sentencia del alto tribunal señala que el TSJ no dio respuesta a todas las cuestiones planteadas por los vecinos de la zona, ubicada junto a la ronda oeste de Murcia, y que se vieron afectados por el proyecto urbanístico.

En concreto, indica que los magistrados de Murcia no analizaron la falta de garantía de las conexiones de la urbanización a la red de infraestructuras, ni tampoco se pronunciaron sobre la ausencia de un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre si los recursos hídricos disponibles serían los necesarios para la urbanización.

Afirma el TS que el asunto podría haber sido devuelto a la sala de lo contencioso de Murcia para que resolviera sobre estas carencias, pero que al haberse advertido que la modificación urbanística no incorporó el informe del órgano de cuenca decide, por economía procesal, resolver el pleito.

Así, acuerda anular la resolución de la comunidad autónoma que aprobó la modificación urbanística, de manera que más de 300.000 metros cuadrados que tenían la consideración de no urbanizables como terrenos de huerta pasaban a convertirse en terrenos urbanos.

El proyecto urbanístico fue promovido por Joven Futura, una cooperativa para menores de 35 años.

Tanto la Comunidad Autónoma como el ayuntamiento de Murcia, las dos instituciones firmantes de la modificación del PGOU con la cooperativa, se opusieron a la estimación del recurso de casación planteado por estos vecinos.

Estos últimos, en su demanda, no solo se opusieron a la aprobación del plan sino que alegaron también los daños que el mismo representaba para sus explotaciones agrícolas, y expusieron también que se consideraban dañados moralmente por la "presión urbanística" que la modificación urbana y la construcción de las viviendas representaba.

La sentencia concluye que el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura era necesario para aprobar la modificación al ser preceptivo y vinculante.

 
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