02-02-2012 / 16:50 h EFE

La Audiencia de Las Palmas ha revocado el archivo de la causa abierta contra el gobierno local del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) de 2004 -incluida la actual alcaldesa, Mari Carmen Castellano, del PP- por la permuta de la finca de San Rafael, calificada de "escandalosa" por el TSJC.

En este procedimiento, se investigan las posibles responsabilidades penales de una permuta de terrenos entre el Ayuntamiento de Telde y la empresa Iniscan, del grupo Santiago Cazorla, que ya fue declarada nula por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el perjuicio patrimonial que supuso para el Consistorio.

De hecho, la propia sentencia del TSJC consider "escandalosamente injustificado que el Ayuntamiento genere una plusvala cercana a los cuatro millones de euros" a la empresa Iniscan, al otorgarle un valor a la finca de San Rafael de 6,33 millones de euros, cuando esa sociedad la haba comprado por la tercera parte (2,52 millones) solo veinte das antes.

Estos hechos se investigan a peticin del equipo de gobierno municipal de la pasada legislatura (Nueva Canarias), que se querell por un delito de prevaricacin contra los ocho miembros de la comisin de gobierno en la que se aprob esa permuta el 18 de agosto de 2004 y por trfico de influencias contra el representante legal de la empresa Iniscan, Santiago Cazorla Santana.

El caso fue sobresedo en 2010 por el Juzgado de Instruccin nmero 6 de Telde, con el argumento de que la sobrevaloracin que se concedi a esa finca estaba dentro de los mrgenes que permite la ley, pero la Audiencia considera que ese archivo fue "precipitado", porque "existen indicios ms que suficientes de ms que graves irregularidades en la permuta cuestionada, que no pueden ser calificadas sin ms como simples irregularidades administrativas".

Tras ser revocado el archivo de la causa, vuelven a estar imputados en un delito de prevaricacin por esa permuta la actual alcaldesa, Mari Carmen Castellano (PP); el actual teniente de alcalde, Guillermo Reyes (Ciucca), y sus compaeros en la Comisin de Gobierno de 2004 Carmelo Reyes, Jos Surez Martel, Carmelo Oliva, Raquel Len y Guadalupe Lpez; y en trfico de influencias, el empresario Santiago Cazorla Santana.

La querella tambin se diriga inicialmente contra la concejal del PP en aquellas fechas Mara Antonia Torres, pero esta muri en marzo de 2010 al precipitarse desde una ventana tras ser imputada en el caso Faycn de presunta corrupcin municipal.

La Audiencia recuerda que esa permuta no solo resulta "sospechosa" por la plusvala que permiti obtener a Iniscan en veinte das, sino tambin por cmo se hizo: aprobndose en Comisin de Gobierno, cuando la competencia era del pleno de la Corporacin; sin haber pedido el preceptivo dictamen a la Comisin Informativa de de Urbanismo; y contraviniendo la Ley del Suelo de Canarias, porque la operacin no se comunic al Instituto Canario de Vivienda.

Adems, el tribunal insiste en que "llama la atencin y no se explica fcilmente la evidencia incontestable" de que el Ayuntamiento valorara esa finca en agosto de 2004 en 6.339.527 euros, cuando la empresa beneficiaria de la permuta la haba adquirido en julio por 2.524.250 euros, segn la escritura pblica.

Los magistrados recuerdan que el TSJC ya declar nula esa operacin, en una sentencia que, entre otras cosas, deca que "resulta escandalosamente injustificado que el Ayuntamiento genere una plusvala cercana a los cuatro millones de euros a favor de una sociedad con cargo al patrimonio municipal".

"Se puede decir ms alto, pero difcilmente ms claro", apostilla ahora al TSJC la Audiencia, que cree que esa operacin pudo haber causado "un gran perjuicio al patrimonio municipal", por lo que no se debe descartar por ahora que quienes la aprobaron incurrieran en prevaricacin y que el responsable de Iniscan "influyera" sobre ellos "para obtener tan sustancioso beneficio".

En consecuencia, ordena al Juzgado seguir investigando y, en concreto, tomar declaracin como imputados a todos los querellados y, como testigos, a Mara del Carmen Benjumea Ferrer y Jess Benjumea Ferrer.

Se da la circunstancia de que este procedimiento penal se retoma por la querella y los recursos impulsados por el propio Ayuntamiento de Telde durante la pasada legislatura y afectan ahora a los que son su alcaldesa y su teniente de alcalde.

 
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