30-12-2020 / 15:10 h EFE

La Guardia Civil ha investigado a dos personas por delitos contra la salud y de falsificación de documento público, ya que, según la investigación, introducían en el mercado desde hace cinco años lechazos que carecían de control sanitario.

La investigación se inició el pasado mes de febrero para determinar si se estaba comercializando ganado ovino y caprino que tenía su origen en una explotación inmovilizada por el Servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, según ha informado este miércoles la Guardia Civil en un comunicado.

Agentes del Seprona realizaron las pesquisas para determinar que esa explotación que estaba inmovilizada desde el año 2015 introducía ganado ovino y caprino cuyo destino final era el consumo humano.

Tras diferentes gestiones y en colaboración con la Policía Local de Toro, los agentes del Seprona inspeccionaron la explotación ganadera inmovilizada en coordinación con los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León.

La inspección determinó que el titular de la cabaña ganadera carecía de cualquier tipo de documentación que amparase la actividad ni la trazabilidad de los lechazos criados durante los últimos años.

Se comprobó además que los lechazos desde que la explotación estaba inmovilizada se habían vendido a particulares y tratantes de ganado con destino a la cadena alimentaria.

Esos lechazos carecían de controles, no se les habían realizado los análisis pertinentes ni cumplían las prescripciones zoosanitarias, lo que podía suponer un riesgo para la salud de los consumidores finales.

Por ello, se ha investigado al titular de la explotación y al tratante de ganado que introducía en el mercado los lechazos como supuestos autores de delitos contra la salud pública y falsificación de documento público.

La investigación se ha enmarcado en los controles que las unidades del Servicio de Protección a la Naturaleza intensifican en la campaña navideña para el control de lechazos con Índice Geográfico Protegida y el control de importaciones de otros países productores.

Las diligencias se encuentran en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Toro, así como en la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Zamora.

 
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