22-12-2020 / 14:51 h EFE

La Audiencia Provincial de Soria ha notificado dos sentencias absolutorias en relación con sendas acusaciones de violencia en el ámbito familiar, cuando en uno de los casos se pedía hasta 21 años de cárcel, según ha informado este martes el gabinete de comunicación del TSCJyL, con sede en Burgos.

En el primer asunto se formuló acusación por un delito continuado de abuso sexual, un delito contra la intimidad y un delito de amenazas por los que se solicitaba un total de 13 años y nueve meses de prisión.

No obstante, en el acto de juicio, la persona denunciante se acogió a su derecho a no declarar en contra del acusado, como ya había hecho en fase sumarial.

El Ministerio Fiscal y la defensa renunciaron al resto de testigos que habían propuesto, lo que determinó que no se llegase a practicar prueba alguna en el juicio, desembocando en un pronunciamiento absolutorio.

En el segundo asunto se formuló acusación por un delito de agresión sexual, un delito de acoso, un delito de maltrato habitual, tres delitos de maltrato, y dos delitos de amenazas, por los que se solicitaba hasta un total de 21 años de prisión.

En la sentencia absolutoria, la Audiencia Provincial destaca que no se ha producido prueba suficiente de los hechos.

Las acusaciones descansaban únicamente en la versión de la denunciante, quien afirmaba haber sufrido una diversidad de malos tratos, insultos, vejaciones, control excesivo, agresiones, amenazas, e incluso una violación con penetración anal, situando los hechos entre 2014 y 2019.

La Audiencia ha destacado en su sentencia que no existe ningún tipo de corroboración objetiva de los hechos que denuncia, y tampoco ha quedado avalado su relato en base a los informes elaborados por los distintos especialistas que han intervenido en la causa -médico forense, equipo técnico compuesto psicóloga y trabajadora social adscritos al Instituto de Medicina Legal de Soria- sobre los hechos denunciados.

La sentencia destaca que los informes de los expertos ponen de manifiesto que no se aprecia intento de sometimiento, control, o asimetría de poder, más allá de una relación conflictiva de pareja, y asimismo destacan cierta incoherencia a la hora de describirse la denunciante como una persona sumisa y en otros momentos como una persona con estilo más combativo.

La sentencia matiza que, ante la carencia de cualquier tipo de corroboración objetiva, y que su relato plantea inconsistencias e incoherencias que destacan asimismo los dictámenes de los especialistas, no se alcanza certeza oficial sobre los hechos denunciados, y aprecia únicamente una dinámica relacional conflictiva por parte de ambos, por lo que dicta sentencia absolutoria y acuerda alzar las medidas cautelares que estaban acordadas en la causa.

Se da la circunstancia de que nueve meses después de haber formulado denuncia por tan gravísimos hechos, la propia denunciante concertó un encuentro con el acusado con el propósito de reconciliarse con él.

En el acto de juicio reconoció haber mantenido relaciones sexuales en dicho encuentro, mientras se encontraba vigente la medida de protección que se había dictado precisamente a favor de la presunta víctima tras la interposición de la denuncia, lo que además provocó la detención del acusado como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

 
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