19-12-2020 / 16:20 h EFE

El titular de la sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha obligado a una entidad financiera a devolver en torno a 1,5 millones de euros a 22 afectados por la no ejecución del conjunto residencial geriátrico denominado Torremagna, que se iba a ubicar en Carmona (Sevilla).

Los afectados eran los cooperativistas de este proyecto, cuya constructora quebró y que no pudieron por tanto acceder a las viviendas que habían adquirido ni recuperar las cuotas, que fueron depositadas en una cuenta bancaria de Abanca, según fuentes del bufete Carrión Salamanca, que ha representado a los afectados, que indican que esta entidad financiera ha resultado ahora condenada a devolver las cantidades que adelantaron los perjudicados, más intereses.

El fallo señala que Abanca “admitió ingresos de los compradores de unidades habitacionales sin que estuviese constituida la garantía de la entidad aseguradora o el aval bancario”, que no se formalizó hasta el 2007, a pesar de que los contratos que firmaron los demandantes con la promotora, ya liquidada tras un concurso de acreedores, “comprometía a la obtención de una línea de avales o Póliza de seguros, comprometiéndose igualmente a entregar el aval correspondiente a las cantidades satisfechas a cuenta antes de la entrega de la unidad habitacional”.

Asimismo, la sentencia reprocha a Abanca que mantuvo abiertas dos cuentas especiales de dicha promotora, sin asegurarse de que cumplieran “con la finalidad de garantía que regula la Ley 57/1968, es decir, que en ella sólo se ingresan las cantidades anticipadas por los adquirentes al promotor, y que de ella sólo se dispone para atenciones derivadas de la construcción de las viviendas”.

“Este control no fue realizado eficazmente por la demandada”, de tal forma que en una de dichas cuentas se llevaron a cabo, tal y como señala el fallo, “ingresos por aportaciones de capital a la cooperativa o gastos de gestión de la misma”.

La demanda, que también fue ganada en primera instancia, se basaba en una acción de reclamación de cantidades depositadas en la mencionada entidad financiera en base a la obligación in vigilando que la Ley 57/68 imponía a las entidades financieras donde los promotores inmobiliarios aperturaran cuentas por donde se cobraban las cantidades a cuenta que los compradores iban depositando, sin asegurarse de la existencia de la garantía necesaria para su futura devolución.

Asimismo, Carrión Salamanca valora que esta sentencia “abre la puerta a todos los afectados en situaciones similares y que hayan visto truncadas sus expectativas de cobro de las cantidades depositadas en su momento en la compraventa de viviendas fallidas, siempre y cuando conste pactada la devolución de dichas cantidades, pero sin importar el carácter de la parte que adquiere el inmueble, es decir, da igual que sea un consumidor o un comercializador o inmobiliaria, a quienes también reconoce como beneficiario de la Ley 57/68”.

El bufete recuerda que los afectados en una situación similar a los demandantes en este caso tienen hasta el 28 de diciembre de este año para reclamar sus deudas y no sufrir pérdidas debido a la morosidad de sus deudores.

 
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