01-12-2020 / 18:31 h EFE

La Audiencia de Granada ha condenado a 22 años y medio de cárcel al delincuente habitual Antonio M.G., apodado 'El Kiki', por el homicidio del agente de la Guardia Civil José Manuel Arcos en acto de servicio.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, condena igualmente al procesado a indemnizar con 334.292 euros a la viuda y los dos hijos de la víctima, y le impone una multa de 2.160 euros por un delito leve de daños y otro continuado de robo de vehículos a motor.

A partir de ahora se abre la vía administrativa para reclamar al Estado la indemnización concedida en la sentencia, ha indicado a Efe el abogado de la acusación particular en representación de la familia, Javier López García de la Serrana, de Hispacolex.

El acusado, a quien un jurado popular lo había declarado por unanimidad culpable de homicidio agravado y de tenencia de armas de guerra, reconoció durante el juicio haber matado al agente.

Los hechos se remontan a la madrugada del 15 de octubre de 2018 cuando la víctima, el agente José Manuel Arcos, prestaba servicio junto a una compañera del puesto de La Zubia (Granada).

Los dos estaban de servicio, con sus armas reglamentarias, uniformados y a bordo del vehículo oficial ubicado en una rotonda de Huétor Vega por la que, sobre las 4.00 de la madrugada, pasó el acusado, que circulaba en un coche robado.

El procesado realizó una maniobra sospechosa, probablemente porque portaba un arma, lo que provocó que los dos agentes decidieran seguirle y activar las luces policiales.

La persecución se extendió hasta que chocó contra un coche y siguió su huida a pie, y tras él los dos agentes, que efectuaron dos disparos al aire, hasta que la compañera de la víctima cayó al suelo y el guardia civil y su agresor forcejearon en una zona ajardinada.

El acusado cogió entonces el arma del agente, le disparó entre el abdomen y la ingle y le provocó lesiones por las que murió poco después.

La Fiscalía ha solicitado para el acusado, en prisión provisional por esta causa, una condena a 23 años de cárcel y la acusación particular, 42 años y medio de prisión.

La Abogacía del Estado había interesado por su parte una condena de 37 años y la Asociación Unificada de Guardias Civiles 23, mientras que la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil se adhirió a la petición de la Fiscalía.

En su veredicto, y así lo recoge la sentencia, el jurado popular se mostró desfavorable a aplicar al acusado los beneficios de la suspensión de las penas impuestas, así como a cursar la solicitud del indulto por cualquiera de los delitos por los que ha sido condenado.

 
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