20-11-2020 / 14:12 h EFE

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid ha dictado un auto por el que incorpora como responsables civiles, dentro de la causa abierta por el supuesto caso de corrupción conocido como la Perla Negra, a las empresas Urban Proyecta PM3 S.L., Parque Empresarial de Portillo S.L. y Cementos La Bureba S.L..

El auto consultado por Efe, responde a una demanda de la Abogacía de la Junta de Castilla y León, que la planteó ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid y obtuvo la razón de esa instancia judicial superior, algo que no había conseguido con su recurso ante el Juzgado instructor.

Se trata de un añadido al auto de apertura de juicio oral que dictó el mismo juzgado el 13 de enero de 2020, en el que no figuraban como responsables civiles las empresas que ahora sí se incorporan a instancias de la acusación ejercida por la Junta de Castilla y León.

En aquel momento el juez dejó fuera de esa condición a las mencionadas empresas porque no estaban incluidas en el auto de imputación, que era la resolución anterior a la apertura del juicio oral.

Las empresas disponen ahora de un plazo de hasta cinco días para presentar recurso contra esta resolución, tras lo que el Juzgado de Instrucción dará trámite de la causa a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid, como tribunal competente para la celebración del juicio, según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un comunicado.

De este modo, el juicio oral se acerca para varios exaltos cargos de la Junta de Castilla y León, entre ellos los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, para quienes la propia Administración autonómica solicita penas de cárcel de 11 años y medio y 4 años, respectivamente, además de inhabilitaciones para el ejercicio de cargo público de 18 y 10 años.

Además de exdirigentes de la Consejería de Economía, la causa se dirige también contra varios empresarios, a quienes en su conjunto la Junta demanda multas por importe de 22,5 millones de euros y 16,3 millones por responsabilidad civil.

La Fiscalía Provincial de Valladolid inició un procedimiento sobre si determinados cargos de la empresa pública de Castilla y León GESTURCAL habían podido propiciar, con provecho propio, un trato privilegiado y de beneficio a determinados empresarios privados, vinculados tanto a la construcción y equipamiento del edificio administrativo de Arroyo -Perla Negra-, como al proyectado polígono industrial de Portillo.

 
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