19-11-2020 / 17:20 h EFE

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha confirmado hoy que el próximo martes se notificará su desalojo a las casi 200 personas que viven en el número 32 de la calle Luna, conocido como la Casona de Doña Carlota, y que "a partir de entonces se acudirá a la vía judicial" para vaciar el edificio.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha explicado que en 2005 se abrió un procedimiento para expropiar el edificio, y que no pudo culminarse porque "fue ocupado posteriormente".

"Desde el área de Desarrollo Urbano se han iniciado las actuaciones para el desalojo administrativo hace justo un año, dando los plazos previstos para que se abandonara ese inmueble (...) tras haber transcurrido los plazos establecidos sin que se haya producido el desalojo, el paso siguiente es la fecha de lanzamiento", ha indicado la edil.

Asimismo, ha asegurado que en todo el proceso ha habido una "estrecha colaboración" por parte de los servicios sociales municipales, que han visitado el inmueble "en varias ocasiones", la última a finales de septiembre, para "valorar las posibles alternativas habitacionales" para los vecinos.

"En ningún caso se producirá desamparo en ninguno de los ocupantes afectados por situación de especial precariedad", ha recalcado Sanz.

El PSOE ya pidió semanas atrás soluciones para las personas que viven en "circunstancias extremas" en la Casona de Doña Carlota y exigió que este edificio, una vez recuperado, albergue servicios y dotaciones para un distrito (Centro) que "las necesita con urgencia".

Ayer, en la comisión municipal de Desarrollo Urbano y Obras y Equipamientos, la concejal socialista Mercedes González indicó que en el edificio viven 185 personas, de las que 47 son menores de edad y cuatro, mayores de 65 años.

González mostró su preocupación por la decisión del Ayuntamiento de recurrir "al desahucio administrativo" sin cumplir con el requisito de "la definición de los servicios públicos a implementar" en la finca.

Según le respondió el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, la justificación del procedimiento administrativo para el desalojo se fundamenta en un informe encargado un año atrás para analizar "la mejor de las dotaciones que se pudieran implantar" en este palacio, notablemente deteriorado en la actualidad, diseñado por Juan de Villanueva en 1775.

Entre las opciones que están sobre la mesa, apuntó Fuentes, están la creación de una residencia de ancianos, de un centro de especialidades o de un centro cultural con ludoteca.

No obstante, subrayó que ahora la prioridad es "dar la mejor de las soluciones a las familias", muchas de las cuales "no tienen título habilitante" para vivir en el edificio.

 
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