14-11-2020 / 15:19 h EFE

Un largo litigio judicial entre la Junta Vecinal de Chozas de Abajo y la empresa Aereoservicios León SL está poniendo en grave peligro el proyecto del aeródromo ubicado en esta localidad leonesa y la llegada de una escuela de pilotos de ultraligeros.

Un proyecto que se encuentra en pleno desarrollo tras conseguir el pasado mes de julio la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para la apertura al tráfico aéreo.

Aereoservicios León se dedica al hangaraje y mantenimiento de aviones, poniendo a disposición de las empresas 1.500 metros cuadrados de hangares con capacidad para entre 15 y 20 aviones pequeños y que cuenta con un taller propio.

Además, en el aeródromo opera desde el pasado 10 de julio el Centro de Paracaidismo Skydive León que desarrolla una actividad de saltos en paracaídas en tándem junto a un instructor.

Según ha resaltado a Efe una de las socias de la empresa, Lara Alonso, el aeródromo cuenta con unas óptimas condiciones, tanto por la pista como por las instalaciones para desarrollar esta actividad.

"Nuestros usuarios suelen venir acompañados de numerosos amigos y familiares para ver el salto y supone atraer mucha gente a la localidad con lo que ello supone para la zona", ha explicado Alonso.

Asimismo, según ha informado la empresa, está previsto que una compañía de drones se instale en el aeródromo para realizar actividades recreativas, una iniciativa que se iba a iniciar en septiembre pero que se ha visto retrasada por la pandemia.

En el ámbito de la restauración, el aeródromo cuenta con instalaciones de hostelería que en estos momentos se encuentran en trámites de volver a abrirse con el objetivo de conseguir convertir al aeródromo en un centro de visitas de ocio.

En la actualidad, el aeródromo de Chozas se asienta en terrenos propiedad de la empresa, donde se encuentran los hangares, las instalaciones hosteleras y una piscina, a excepción de la pista que es propiedad de la Junta Vecinal de Chozas de Abajo.

La pista de hierba y de 800 metros de longitud fue construida durante la Guerra Civil y se asienta en un terreno de cuatro hectáreas en una finca denominada Los Carrilles y que es propiedad de la mencionada pedanía que la arrendó en 1985 por un coste de 120 euros anuales a la empresa AirLeón.

En 2004 empezaron los problemas para la empresa ya que dejó caducar la licencia del aeródromo para poder volar.

Desde el 2005 la empresa, ahora Aeroservicios León SL, ha estado intentando volver a conseguir la licencia de vuelo, unos trámites que siempre se han visto obstaculizados por la junta vecinal y su pretensión de revocar el contrato de cesión de los terrenos ante la falta de pago del arrendamiento durante varios años.

Un acuerdo de la Junta Vecinal en 2015 rescindía el contrato para evitar la prórroga, una decisión que fue recurrida por la empresa y que fue refrendada en junio de 2018 por la nueva junta vecinal salida tras las elecciones.

Desde entonces el acuerdo de desalojo de la finca de la junta vecinal ha sido recurrido sin éxito por la empresa, por un defecto de forma, en los juzgados de León y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), estando finalmente pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo.

El gerente de Aeroservicios León, Andrés Laiz González, ha asegurado en declaraciones a Efe que en la actualidad se encuentran al día en el pago del arrendamiento y ha considerado que el contrato se prorrogó de facto en 2015 hasta el año 2025 ya que no existe ninguna sentencia firme para resolverlo y proceder al desahucio.

Mientras tanto, la propia junta vecinal envió este verano una carta a AESA advirtiendo a la administración aérea de que la pista es de su propiedad y que había un acuerdo de la pedanía revocando el contrato de utilización.

Esta situación está empañando el futuro del aeródromo ante la incertidumbre sobre la utilización de la pista.

Asimismo, Laiz ha asegurado que ha intentado infructuosamente ponerse en contacto con la pedanía para renegociar el contrato económico, "pero tan si quiera nos han dicho las causas por las que quieren rescindir el contrato y no tienen ninguna voluntad de acuerdo".

Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal de Chozas de Abajo, José Luis Fernández, sí ha recalcado a Efe que existe un sentencia por la que se rescinde el contrato de arrendamiento y que el desalojo de la finca está pendiente del recurso de la empresa.

El responsable de la pedanía ha reconocido que el conflicto viene por la falta de pago del arrendamiento y servicios como el agua.

"Nosotros creemos que el aeródromo puede ser beneficioso, pero debe serlo para todo el mundo y en condiciones justas no con un contrato que elaboró en su momento la propia empresa para su propio beneficio", ha apuntado Fernández.

Fernández ha explicado que su intención es recuperar la finca para sacarla a continuación a subasta pública con unas condiciones beneficiosas para todas las partes; un proceso en el que no coartan la participación de la empresa como mayor interesada pero que "si proporcionará un marco legal y compensaciones más justas".

 
Noticias relacionadas

    No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.
PUBLICIDAD
<< >> Abril 2021
L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Búsqueda por días
Introduce la fecha
PUBLICIDAD