19-10-2020 / 15:51 h EFE

La pandemia ha evidenciado los nuevos perfiles de personas que acuden a los servicios sociales, sobre todo trabajadores del sector servicios o con empleos en la economía sumergida, según un informe de cinco universidades públicas sobre el impacto de la covid en el sistema público de servicios sociales.

Una investigación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y de las universidades del País Vasco, Islas Baleares, Salamanca y Zaragoza ha analizado el alcance de la pandemia en los Servicios Sociales de más de 60 municipios españoles en seis comunidades autónomas desde que se decretó el estado de alarma hasta el pasado mes de septiembre.

Las investigadoras destacan que durante el estado de alarma y los meses posteriores los trabajadores sociales han detectado que al perfil previo de usuario -personas de larga trayectoria en Servicios Sociales con escasos ingresos, beneficiarias de ayudas económicas tales como rentas mínimas o pensiones no contributivas– se ha incorporado un nuevo perfil de personas consideradas "normalizadas".

Trabajadores que "han visto cómo su economía familiar se veía directamente afectada por el confinamiento y la tardanza en recibir ayudas económicas impulsadas por el Gobierno central", añaden.

En este sentido, la investigación destaca que muchos de los nuevos perfiles se identifican con personas cuya principal fuente de ingresos se debe en gran medida o en su totalidad a la economía sumergida, por lo que la solicitud de alguna de las prestaciones específicamente diseñadas para combatir los despidos temporales ha sido imposible.

Además, añade el informe, muchos de los que han demandado ayudas económicas lo han hecho porque, aunque podían acogerse a alguna de las modalidades previstas a nivel estatal (ERTE, ayuda a profesionales autónomos, etc.), la demora en el cobro de esas cuantías económicas se ha retrasado tanto que "sus escasos ahorros les ha impedido aguantar más allá del mes de marzo".

Después de recibir esas ayudas, estos usuarios han dejado de acudir a servicios sociales para recibir prestaciones económicas de emergencia o relacionadas con la alimentación y la adquisición de bienes de primera necesidad, remarca el informe.

Asimismo, los trabajadores sociales han identificado otros perfiles que han precisado de su ayuda como son personas mayores que hasta ese momento no necesitaban mucha más asistencia que un servicio semanal de atención a domicilio o la prestación de teleasistencia, ya que veían organizadas y cubiertas sus necesidades con el apoyo familiar, vecinal y asociativo del municipio o del barrio.

Un tejido social que, como consecuencia del confinamiento, no pudo seguir cuidando de esas personas mayores.

El informe también pone de manifiesto que el incremento de la demanda ha sido tan significativo que en algunos casos ha terminado con el presupuesto anual que los municipios habían destinado para el ámbito de bienestar y protección social.

El tipo de solicitudes recibidas se ha centrado sobre todo en el aspecto económico –ayudas para el pago de alquileres, suministros, transporte, decesos– y demandas relacionadas con la imposibilidad de adquirir productos alimenticios y de primera necesidad –pañales, jabón, papel higiénico–.

 
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