09-10-2020 / 19:38 h EFE

El Juzgado de lo Mercantil de Badajoz ha dictado un auto en el que declara, nueve años después de su apertura, la conclusión del concurso de acreedores de la Sociedad Cooperativa Frutos Caval y ordena su baja por extinción en el Registro de Cooperativas de Extremadura.

El auto, de fecha 30 de septiembre, ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta cooperativa se vio obligada a acogerse a la Ley Concursal por la despatrimonialización que había sufrido como consecuencia de la administración negligente de los anteriores gerentes, lo que generó un pasivo en la cooperativa de más de 18.000.000 de euros, según el letrado de la entidad, Pedro Antonio Pérez, del Bufete Moreana.

En un comunicado, el abogado ha recordado este concurso fue uno de los de mayor envergadura de Extremadura, tanto por el volumen de fruta que se comercializaba, como por la cuantía de la deuda y el impacto social que se provocó en la zona, y que supuso la tramitación, además, de un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo de más de 80 trabajadores.

Gracias a la labor de Antonio López Aparcero, Joaquín Riera Buendía y Álvaro Campo Peña, administradores concursales nombrados en su día por el Juzgado, se consiguió en un primer momento arrendar las instalaciones a otra cooperativa de la zona, consiguiendo de esta manera la conservación y el mantenimiento del único activo de Caval, ha destacado el abogado.

Precisamente uno de los seis puntos del auto aprueba las cuentas presentadas por los tres administración concursales y declara su cese.

Finalmente, en febrero pasado, y tras un proceso de subasta, dichas instalaciones fueron adquiridas por la Sociedad Explum.

Con el precio obtenido con esta venta, ha indicado el letrado, se satisfizo al "pool" de entidades financieras una mínima parte de los importes que la cooperativa les adeudaba.

Y gracias al resto del exiguo activo se ha podido satisfacer las deudas que se mantenían con las administraciones públicas: el Fogasa, que había hecho frente al pago de las nóminas de los trabajadores despedidos, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, además de los gastos generados por el propio concurso, ha precisado.

"Desgraciadamente la gran mayoría de los acreedores no ha podido recuperar nada de su créditos", ha lamentado el letrado.

La Audiencia de Badajoz condenó en enero de 2016 al exgerente de Caval, Manuel García, a penas que sumaban 23 años de prisión como autor de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad contable, administración desleal, fraude de subvenciones y apropiación indebida.

El fallo también condenaba al exdirector comercial de la cooperativa de Valdelacalzada, Manuel Corrales, y a la mujer de éste, Carmen Texeira, a cuatro y tres años de prisión por sendos delitos de apropiación indebida, respectivamente.

También impuso indemnizaciones millonarias a favor de la cooperativa, la Junta de Extremadura y la Agencia Tributaria.

 
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