26-09-2020 / 0:00: h EFE

Un cerco policial establecido este viernes en la sede de la ONG Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas "María Elena Cuadra" causó indignación de diferentes sectores, que reclamaron al Gobierno de Daniel Ortega por "atacar" a un organismo que defiende a 16.000 mujeres de escasos recursos.

Diferentes organismos defensores de los derechos humanos y de oposición mostraron su rechazo a la acción policial, que fue calificada como un "zarpazo" del presidente Ortega, por la dirigente del "María Elena Cuadra", Sandra Ramos, quien participó en el primer diálogo nacional como contraparte del Gobierno, tras el estallido social de abril de 2018.

"Este zarpazo lo estamos esperando desde hace rato, porque no tenemos pelos en las tapas (boca) para decirle a nadie lo que tenemos que decir, sea empresario, Gobierno, sea quien sea, que esté atentando contra los derechos de las mujeres y de los trabajadores, siempre hemos estado presentes", dijo Ramos, a periodistas.

La acción de la Policía se dio en el contexto de la crisis que arrastra Nicaragua desde hace dos años, de despidos en las zonas francas que son defendidos por ese movimiento y de señalamientos mutuos entre el Gobierno y las feministas por la violencia machista.

El dirigente de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Carlos Tünnermann, calificó la acción policial como "un atropello incalificable" contra una ONG que defiende a las mujeres trabajadoras.

"Resulta muy contradictorio que por un lado se diga que se van a aprobar leyes para defender a la mujer y por otro se intimide al personal de este organismo", agregó.

DEFIENDE A 16.000 VÍCTIMAS

Según Ramos, cada año la organización defiende a 16.000 mujeres, en su mayoría trabajadoras del sector maquila, cuyos casos no son atendidos por el Gobierno.

"Estamos ayudando a este Gobierno a que la gente tenga posibilidades de subsistencia, cuando la responsabilidad del Estado es velar por la gente más pobre. Simplemente protegemos a la pobretería que ellos dicen representar", dijo Ramos, ante policías que impedían la entrada y salida de las instalaciones.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más indicó que "el golpe que le está dando la dictadura al 'María Elena Cuadra' se lo está dando a las víctimas de violencia, por tanto es incoherente el mensaje de preocupación de la Presidencia al hablar de la violencia contra las mujeres, y esta es la evidencia".

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, dijo que la acción policial, que incluyó el encierro forzoso de un empleado del organismo, violó "la libertad de organización, de expresión, de información, de ser informado, y el derecho al trabajo".

Núñez también indicó que puso el caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

Por su lado, el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, hizo "un llamado a la comunidad nacional e internacional, sobre el gravísimo acto de represión, que repudiamos vehementemente".

"SÉ LO QUE SON"

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) recordó que la Policía no puede tomar acciones contra una persona u organización sin la orden de un juez, por lo que denominó la acción de los agentes como "una intervención ilegal".

"Queremos que se le ponga un alto a este asedio. Los nicaragüenses tenemos que seguir trabajando, buscar cómo sobrevivir a esta crisis y esto no está abonando a eso", reclamó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy.

Ramos, una disidente del sandinismo, retó a la Policía a que le demostraran que ha cometido un delito y dijo no tener temor a la cárcel.

"Los conozco, estuve adentro (del sandinismo) y sé lo que son, entonces no les tengo miedo", sostuvo.

"Somos defensoras de las mujeres más humildes y de todas las que sufren violencia, y si es porque acuerpamos a las madres de los presos políticos con mucho orgullo, porque son mujeres agredidas por las instituciones gubernamentales. Si eso es delito, que me lleven presa", insistió.

Al final, los agentes levantaron el cerco tal como lo establecieron, sin dar explicaciones.

 
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