21-09-2020 / 14:51 h EFE

El inicio de la búsqueda de archivos militares relacionados con la masacre salvadoreña de El Mozote (1981), programado para este lunes, quedó en duda luego de que el presidente Nayib Bukele ordenará la noche del domingo cercar la localidad en la que se encuentra el juzgado que lleva la causa a raíz del "alto nivel de contagio" del coronavirus SARS-CoV-2 en la zona.

Se trata del municipio de San Francisco Gotera, a más de 166 kilómetros al noreste de San Salvador y cuyo juez de Instrucción, Jorge Guzmán, lleva el proceso penal contra 15 militares vinculados a la masacre y es quien encabezaría la diligencia.

"Nadie podrá salir o entrar del municipio, tampoco se podrá salir de las viviendas, al menos que sea por emergencia médica", anunció el mandatario en sus redes sociales.

Bukele señaló que "cerco sanitario", que en otras localidades ha incluido una fuerte presencia de soldados y policías, se debe a la detección de 182 casos positivos del COVID-19 en 1.000 pruebas tomadas en la referida localidad.

Este es el segundo "cerco sanitario" implementado en esa zona del país, dado que el jueves Bukele ordeno cercar la localidad de Corinto ante la sospecha de un rebrote del virus, medida que se levantó este domingo.

"El alto nivel de contagio en Corinto no era un problema de origen, sino consecuencia de la situación en San Francisco Gotera (donde muchas personas de Corinto viajan diariamente)", indicó Bukele.

La orden del mandatario de no permitir entrar ni salir de estos sitios se da a pesar de que no se encuentra vigente un estado de excepción autorizado por el Congreso que permita restringir derechos de los ciudadanos.

Se espera, sin que se haya aplazado aún la diligencia, que Guzmán encabece las inspecciones en el Estado Mayor Presidencial en San Salvador con el acompañamiento de la Policía, Fiscalía, abogados acusadores, defensores y peritos.

Para la organización humanitaria Tutela Legal "María Julia Hernández", la decisión del mandatario genera desconfianza.

"Incertidumbre y sospecha ante imposición de cerco sanitario (militar) en San Francisco Gotera, Morazán, de donde proviene (el) juez de Instrucción Jorge Guzmán para dirigir inspecciones de archivos militares sobre la masacre de El Mozote", publicó la entidad en sus redes sociales.

Esta organización representa a las víctimas y sobrevivientes de la matanza y uno de sus abogados es parte del equipo acusador en el proceso penal.

Se desconoce si el juez Guzmán vive en San Francisco Gotera o si se transportó a San Salvador antes del cierre del municipio, el más importante del departamento de Morazán.

Las inspecciones están programadas para realizarse en ocho semanas en seis sedes militares y que los expertos juramentados por la corte realicen sus peritajes en las siguientes cuatro semanas.

De acuerdo con el medio local Factum, el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, intentó frenar las inspecciones mediante una petición a la Corte Suprema de Justicia en pleno, pero la misma fue rechazada.

Esta acción se dio, sin que el Gobierno haya desmentido la información, a pesar de que el mandatario se ha comprometido públicamente a colaborar con la Justicia y a entregar los archivos.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

Según el informe de las Naciones Unidas, que da cuenta de crímenes de guerra, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de élite del Batallón Atlácatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.

 
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