10-09-2020 / 19:39 h EFE

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado, durante el segundo trimestre de este año, las facturas a sus proveedores nueve días antes que la media de las Comunidades Autónomas.

El Ministerio de Hacienda ha publicado este jueves los datos oficiales sobre el periodo medio de pago a proveedores referentes al pasado mes de junio, en los que se indica que durante ese mes Castilla-La Mancha utilizó, de media, 26 días para abonar las facturas a sus proveedores.

Un dato que en el caso del conjunto de España asciende hasta los 32 días, lo que supone que la región abonara durante ese mes las facturas seis días antes que la media nacional, ha destacado la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en una nota.

Esta mayor rapidez del Ejecutivo regional en el abono de las facturas a los proveedores respecto al conjunto de regiones también se puede observar en el conjunto del segundo trimestre del año, dado que, de término medio, en abril, mayo y junio Castilla-La Mancha tardó 25 días en realizar estos pagos.

Por su parte, en este mismo periodo, el conjunto de comunidades autónomas empleó, de media, 34 días, es decir, nueve días más.

Los datos sobre el periodo medio de pago a proveedores en Castilla-La Mancha reflejan, además, que la región ha cumplido durante todo el segundo trimestre de este año con el periodo legal de pago, al abonar las facturas en estos tres meses en menos de 30 días, el límite establecido para las administraciones públicas.

Según la Junta, el buen comportamiento del periodo medio de pago en la región en los últimos meses está relacionado con el compromiso adquirido por el Gobierno regional al inicio de la crisis sanitaria para abonar lo más rápido posible las facturas a las pymes.

Este compromiso se materializó en el decreto de medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios para afrontar la situación de crisis ocasionada por el coronavirus que el Ejecutivo de Emiliano García-Page aprobó el pasado mes de marzo, en el que se recogía que, para facilitar la liquidez a las empresas, se priorizaría en el ámbito de la tesorería el pago a pymes y autónomos, que son los principales proveedores de la Administración regional, además de parte fundamental de la estructura productiva de la región.

 
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