15-07-2020 / 19:30 h EFE

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado las indemnizaciones de entre 35.800 y 37.700 euros a tres peones agrícolas que recibieron parte del sueldo fuera de nómina, al considerar que esa práctica empresarial justifica la extinción indemnizada del contrato a petición del trabajador.

El Alto Tribunal ha resuelto en una sentencia que el abono continuado de parte de las retribuciones del trabajador fuera de nómina, escapando a la cotización a la Seguridad Social, constituye un grave incumplimiento de obligaciones empresariales que justifica la resolución indemnizada a petición del trabajador prevista en el Estatuto de los Trabajadores.

El Supremo ha estimado el recurso de esos tres peones agrícolas contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dio la razón a la empresa hortofrutícola para la que trabajaron.

Esa sentencia determinó que el incumplimiento de los deberes empresariales se circunscribe a los que tiene con el trabajador y no a otros, por lo que no encajaba en la posibilidad de extinción indemnizada del contrato por voluntad del trabajador prevista en el Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de que la conducta empresarial fuera sancionable.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó su sentencia después de que el Juzgado de lo Social número 3 de Huelva, en una sentencia que ahora se repone y confirma, hubiera estimado la demanda de los trabajadores y declarara extinguida la relación laboral que les vinculaba a la empresa, reconociendo en favor de los tres demandantes indemnizaciones entre 35.800 y 37.700 euros.

La sentencia recogía que los tres demandantes prestaron sus servicios como peones agrícolas desde 1993 ó 1997 con carácter fijo discontinuo y que cada uno de ellos percibía una cantidad en nómina y otra en sobre.

Además, al finalizar cada periodo trabajado, la empresa emitía unos finiquitos que los trabajadores no cobraban.

Estos tres peones agrícola presentaron en enero de 2017 una demanda instando a la extinción indemnizada de su relación laboral.

Ahora el Supremo, en su sentencia, explica que una de las causas por las que el trabajador puede instar a esa extinción es el incumplimiento grave por el empresario de sus obligaciones, al abonar una parte de las retribuciones sin declararlo ante los organismos competentes de la Seguridad Social y Hacienda Pública.

Los magistrados del Supremo dicen que la obligación de cotizar no es genérica, sino que corresponde con las bases definidas por la Ley, y la base de cotización la constituye la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación (tanto en metálico como en especie), que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador, o la que perciba efectivamente, de ser ésta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena.

Según la sentencia del Alto Tribunal, si la empresa oculta parte de las remuneraciones, no sólo comete una conducta sancionable administrativamente, sino que también perjudica a quién trabaja, pues la mayoría de las prestaciones se calculan en función de lo previamente cotizado.

Ese perjuicio proyecta sus efectos sobre eventuales recargos de prestaciones o sobre prestaciones a cargo del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Los magistrados también señalan que el que no conste en los recibos de salario la cantidad realmente percibida no sólo es algo sancionable, sino que dificulta la finalidad perseguida por la Ley, que obliga a establecer esa obligación documental.

Precisamente por esa anomalía, buena parte de la actividad judicial en este proceso ha tenido que dedicarse a establecer la retribución de los demandantes, indican los magistrados.

 
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