09-07-2020 / 18:10 h EFE

Ocho meses después de que el cuerpo del dictador Francisco Franco fuese sacado del Valle de los Caídos, el Tribunal Supremo ha reiterado que no hubo un "trato discriminatorio, injustificado ni tampoco vejatorio" en relación a los actos administrativos que hicieron efectiva la exhumación, que fueron conformes a la ley.

La Sala de lo Contencioso, que avaló la exhumación en septiembre del año pasado, ha vuelto a pronunciarse sobre este asunto al estudiar los recursos que quedaban pendiente: los de la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.

Tras conocerse su decisión de desestimar todos ellos, este jueves se han hecho públicas las sentencias, donde el tribunal prácticamente reproduce los argumentos de la primera resolución -la que rechazó el recurso de los nietos de Franco- dado que los argumentos planteados eran prácticamente idénticos.

"No advertimos (...) razones que puedan alterar ni la conclusión, ni los fundamentos, que nos llevaron, en la tan citada sentencia de 30 de septiembre de 2019, a desestimar el recurso" contra la exhumación, dice el Supremo, que impone a los recurrentes el pago de hasta 4.000 euros en costas.

Como hizo entonces, admite de nuevo que "la forma de acceder al poder (de Franco), su permanencia en él durante décadas y la manera en que lo ejerció no tienen parangón" y que "resulta inevitable relacionarlo con la Guerra Civil y con el régimen político surgido de ella, consustancialmente incompatible con los fundamentos sobre los que la Constitución (...) asienta la convivencia".

E insiste en que "no es posible reducir" la decisión sobre el enterramiento de sus restos "a la esfera privada y familiar ni apreciar un trato discriminatorio injustificado ni, tampoco, vejatorio".

Aunque reconoce que la finalidad perseguida con la exhumación tuvo "naturaleza política" e incluso "una dimensión ideológica", niega que se haya vulnerado la libertad religiosa: "No se pretende más que retirar del primer plano, desde luego en un lugar de titularidad estatal, cuanto signifique, represente o simbolice el enfrentamiento civil".

Reitera que no hubo infracción de la legalidad urbanística ni de sanidad mortuoria y al analizar el requisito de urgencia y necesidad por el que se acordó la exhumación por real decreto, la Sala recuerda que "prácticamente no hubo oposición" a él en el Congreso, circunstancia "sumamente relevante" en este aspecto.

El Supremo también desestimó el recurso de la Fundación Francisco Franco contra el acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2019, que ejecutó la sentencia del Supremo que avalaba la exhumación del cuerpo de Franco y su inhumación en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid) el 24 de octubre de 2019.

Para la Sala, el Gobierno se limitó a tomar razón de la sentencia en un acuerdo que no puede considerarse un acto de orientación política al dar cumplimiento a otros muy anteriores que el Supremo ya avaló.

El tribunal destaca que no es infrecuente resolver recursos contra unos mismos acuerdos en momentos diferentes y justifica que se resolvió primero el de los nietos de Franco porque se completó el procedimiento antes que en los otros y porque era el interpuesto por quienes más plena legitimación tenían.

 
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