13-05-2020 / 14:20 h EFE

Los juzgados de Cataluña podrán celebrar juicios por la tarde y en el mes de agosto, en sesiones espaciadas entre sí para garantizar la desinfección y con la asistencia limitada al 33%, además de vistas telemáticas excepto en los casos de delitos graves.

Así lo ha acordado la sala del gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plan que ha diseñado, en base a las aportaciones de las juntas de jueces, la Fiscalía y las asociaciones, para evitar la propagación del coronavirus una vez se reanude la actividad judicial y hacer frente al previsible colapso tras los tres meses de parón por el estado de alarma.

Gran parte de las medidas están encaminadas a limitar la afluencia de público en las sedes judiciales, por lo que la sala de Gobierno insta al Departamento de Justicia a organizar el acceso a través de un sistema de cita previa y a establecer controles de temperatura en las entradas de los edificios.

Entre las medidas adoptadas, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el TSJC ha acordado que los jueces puedan celebrar sesiones de mañana y tarde, de las 09:00 a las 18:00 horas, y entre los días 11 y 31 de agosto -mes hasta ahora considerado inhábil-, aunque limitado a las vistas más urgentes y siempre que se avise a las partes antes del 15 de junio.

El plan insta a los tribunales a "tener en cuenta" si una vista puede celebrarse por medios telemáticos, pero con limitaciones estrictas: la sala deberá constituirse siempre de forma presencial y, en los casos de delitos graves, no se permitirá "en ningún caso" que el acusado, el fiscal o la defensa comparezcan de forma virtual.

Las vistas telemáticas se llevarán a cabo mediante el sistema Arconte que ya está instalado en todas las salas, los equipos móviles de videoconferencia (119 en toda Cataluña) y el aplicativo Cisco Webex, que permite conectarse a través de cualquier dispositivo móvil pero requiere la obtención de la oportuna licencia, lo que está sujeto a que el Departamento de Justicia las facilite.

Asimismo, debe quedar garantizada calidad suficiente en la imagen y el sonido, solo se autorizarán conexiones externas con organismos oficiales -comisarías, prisiones, Institutos de Toxicología- y la comparecencia de abogados y procuradores se podrá efectuar únicamente por canales seguros.

Los particulares que deban declarar por videconferencia desde alguna sede u organismo oficial deberán ir acompañados de un funcionario público que lo acredite y, en las comparecencias de detenidos, el fiscal y el abogado intervendrán preferentemente desde el juzgado, según el plan.

Además, hasta tres meses después del estado de alarma, los informes forenses se podrán confeccionar únicamente en base a documentación médica, siempre que el tribunal lo autorice.

La ocupación máxima de las salas de vistas queda limitada al 33% de su capacidad, lo que obligará al público a guardar dos asientos libres entre medio, y en las dependencias de espera habrá que guardar la distancia de seguridad de dos metros.

Los juzgados deberán coordinar sus agendas para que sus vistas no coincidan ni en día ni en horario y, entre juicio y juicio, se dejarán transcurrir diez minutos para ventilar la sala y desinfectar el mobiliario.

El acuerdo del TSJC obliga a los juzgados a priorizar los señalamientos sobre materias esenciales o urgentes, los que fueron suspendidos por el estado de alarma -siguiendo el orden previsto- y los que se hayan aplazado tras la cuarentena por falta de medidas sanitarias.

La sala de gobierno apuesta por mantener el teletrabajo entre los jueces, por lo que insta a que las comunicaciones y remisión de resoluciones a la oficina judicial se lleven a cabo por correo electrónico, además de promover la deliberación telemática de los tribunales y las notificaciones electrónicas.

El acuerdo establece un calendario para la reincorporación de los jueces a su lugar de trabajo: a partir del próximo 2 de junio, deberá ser presencial siempre que lo requieran sus respectivas agendas, con la excepción de aquellos considerados vulnerables por su salud o edad o que tengan dificultades de conciliación familiar.

Después de tres meses desde el levantamiento del estado de alarma, los jueces deberán acudir a su oficina siempre que lo requiera el "despacho ordinario" de sus asuntos y el cumplimiento de las agendas, pero se mantendrá el teletrabajo.

 
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