06-04-2020 / 20:21 h EFE

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha pedido al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que incoe un expediente disciplinario al despacho de abogados de Francisco Serrano, presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, por ofrecer sus servicios a las víctimas de coronavirus.

El escrito, al que ha tenido acceso Efe, está firmado por la presidenta de la ALA, Ángeles Chinarro, y denuncia que la conducta de Serrano y su socio Antonio García-Berbel vulnera el código deontológico de la Abogacía Española, que en su artículo 6 establece que ningún letrado podrá ofrecer sus servicios a las víctimas de una catástrofe en un plazo de 45 días desde que ocurrió el suceso.

La denuncia parte de una noticia publicada en la web de El Correo de España el pasado 1 de abril, con el titular 'Serrano Abogados crea en Andalucía una plataforma de afectados por Covid-19', y añade que el despacho también se "publicita" en su página web.

La ALA concluye que los dos abogados, cuyo despacho se encuentra en Sevilla, "ofertan sus servicios profesionales en plena pandemia" para orientar jurídicamente a "personal sanitario, miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pymes, autónomos y padres desempleados que empiezan a tener serios problemas para abastecer de lo más imprescindible y de primera necesidad a sus familias".

"La plataforma, además, se crea dentro de una crítica política ajena absolutamente a la asistencia jurídica que, torticeramente, dice ofrecer", añade el escrito de Chinarro.

La ALA afirma que el comportamiento del despacho "vulnera las normas deontológicas" de la profesión porque "oferta sus servicios profesionales a las víctimas de la pandemia en el mismo momento en que la sociedad española la está sufriendo, sin que tenga relevancia alguna el asesoramiento gratuito que ofrece".

Según la denunciante, Serrano y su socio también ejercen "una evidente captación desleal de clientes".

La Asociación Libre de Abogados también denuncia "la indignidad y deshonestidad de la conducta" de Serrano y García-Berbel, que tilda de "deleznable", y exige "la inmediata retirada" de la publicidad en la web de su despacho.

El juez Francisco Serrano fue condenado por el Tribunal Supremo a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, tras modificar el régimen de visitas de un menor para que asistiese a una procesión de Semana Santa de Sevilla en 2010, aunque este fallo fue anulado por el Tribunal Constitucional.

 
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