27-02-2020 / 17:41 h EFE

El Pleno del Parlamento foral ha rechazado una moción para instar al Gobierno de Navarra a “constituir y poner en marcha un grupo de trabajo al objeto de definir la postura que ha de mantener Navarra en relación con la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea".

La moción, de EH Bildu, ha contado con los votos en contra de Navarra Suma, PSN, Geroa Bai y Podemos, y los apoyos de I-E y los proponentes, que pedían que participarán en dicho grupo el Gobierno de Navarra, los grupos parlamentarios, agentes sindicales y agentes sociales del ámbito de la alimentación y el medio ambiente.

Navarra Suma, PSN, Geroa Bai y Podemos han presentado una enmienda de adición, no aceptada por EH Bildu, dirigida a emplazar al Ejecutivo Foral a “convocar el Consejo Agrario de Navarra con el objetivo de abrir un espacio de interlocución formal con los principales actores representantes del sector agrario y ganadero para que éstos tengan la posibilidad de trasladar sus preocupaciones y negociar con el Gobierno de Navarra las medidas a tomar para la defensa del sector”.

También se demandaba el establecimiento de “mecanismos vinculantes para que la restauración colectiva de las instituciones y administraciones públicas incluya la mayor cantidad de productos navarros de proximidad, como se está llevando a cabo en varias escuelas infantiles y colegios”.

Igualmente, los enmendantes requerían el “diseño de una estrategia para que los comercios y los principales agentes de la gran distribución prioricen la venta de productos del sector primario navarro”.

Además, se solicitaba “invitar a los principales agentes, en particular a los navarros, de la gran distribución a que lleven a cabo un estudio comparativo que incorpore en los costes tanto los estándares de producción europeos (sociales y ambientales) como las emisiones de CO2 de sus alimentos a lo largo de todo el ciclo productivo y de cosecha, transformación, conservación/refrigeración, envasado, transporte y distribución, y uso y fin de vida.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhortaba al Gobierno de Navarra a “reforzar la capacidad de estudiar y tramitar las denuncias por venta a pérdidas trasladadas por el AICA e informar a las y los denunciantes del resultado de la tramitación de su denuncia”.

También, se conminaba al Gobierno de España a Instar a su vez al gobierno de España a “promover un Pacto Social y de Estado en defensa del mundo rural y del sector primario; convocar urgentemente la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural para avanzar en una propuesta común de reforma de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria; y regular un precio remunerador de los productos del sector primario que incluya el margen para cubrir la renta mínima para las personas agricultoras y ganaderas”.

También se le compelía a “restringir la destrucción del valor de la cadena alimentaria por ventas a precios inferiores al de adquisición en el eslabón anterior; endurecer las sanciones por la figura de ventas a pérdidas ya recogidas en la ley actual; perseguir la práctica de venta a resultas; y fortalecer el papel de las organizaciones agrarias y de las cofradías como titulares de intereses legítimos en representación de los productores del sector primario”.

En ese marco, se urgía al Ejecutivo central a “continuar defendiendo los intereses de los productores del sector primario español en el seno de la Unión Europea y en los tratados y acuerdos comerciales, poniendo atención en particular del cumplimiento de los estándares de producción europeos en ambos lados del Tratado o Acuerdo”.

Finalmente, la enmienda de adición invitaba al Gobierno de España a “abogar por la necesidad de que la Unión Europea asuma sus competencias en exportación, de manera que se negocien en el mismo momento, de una sola vez y con una sola voz, los acuerdos de importación y exportación, llegando a acuerdos comerciales que cubran todos los ámbitos relativos a las transacciones comerciales y no dejen margen para el establecimiento de “barreras fitosanitarias” por parte de terceros países”.

En la exposición de motivos, la moción impulsada por EH Bildu enmarcaba su iniciativa en la definición del diagnóstico que, a instancias de la UE, debe hacer cada Estado miembro en relación al compromiso que sus políticas agrícolas y alimentarias deben presentar respecto a la sostenibilidad y el medio ambiente y, a ese respecto, solicitaba una actitud proactiva acorde a la “importancia” que este tema tiene para Navarra.

 
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