24-02-2020 / 20:30 h EFE

El consejero de Industria, Francisco Martín, ha explicado que el Gobierno trabaja para aprobar a final de año un nuevo plan energético, que tendrá vigencia de 2021 a 2030.

Martín ha contestado a una interpelación de Cs, que ha criticado que Cantabria "ha perdido una década" en materia de energía y que esta comunidad será recordada por haber perdido "el tren de las renovables".

El consejero ha explicado que se está redactando ya el pliego para contratar el siguiente Plan de Sostenibilidad Energética, que tendrá una vigencia mayor, de 2021 a 2030.

Este mayor período de vigencia se debe, según el consejero, a que un cambio de modelo energético ha de implementarse, al menos, en una década, y a que es mejor así para adaptarse al plan nacional (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC).

En el borrador que se plantea, según ha adelantado Martín, se analiza la situación de Cantabria y se aborda el cumplimiento del anterior plan energético.

También "se dibujan unos escenarios y unos objetivos", un plan de actuación y una memoria económico-financiera.

El consejero calcula que para mediados de año estará ya publicado el pliego del nuevo plan energético de Cantabria, para tenerlo ya aprobado y en vigor a finales de año.

Martín ha reconocido que el grado de cumplimiento del Plan de Sostenibilidad Energética actual es dispar, con niveles bajos de cumplimiento en algunos parámetros, que el consejero ha relacionado con la falta de aprobación y puesta en marcha de proyectos eólicos.

El titular de Industria ha indicado así que había una previsión de 750 megavatios en materia de eólica que se han quedado en 35, y ha señalado que se han presentado 21 proyectos por más de 450 megavatios que están en tramitación.

Martín ha agregado que hay que "hacer autocrítica" por esta situación.

Y preguntado por Cristóbal Palacio (Vox) sobre los proyectos previstos para La Hilera una vez aprobado el Proyecto Singular de Interés Regional, el consejero de Industria ha afirmado que "una grandísima empresa de Torrelavega" tiene interés en adquirir 200.000 metros cuadrados para instalarse allí.

Además, en el pleno, el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José Luis Gochicoa, ha dicho, en respuesta a una interpelación de Vox, que el Gobierno regional siempre va a pedir al Estado lo máximo posible para las labores de limpieza y mantenimiento de los cauces de los ríos, y que aspira a que la inversión de 2,5 millones de euros comprometida en el Senado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mantenga, para que Cantabria "esté mejor preparada para el cambio climático".

El consejero ha comentado que, aunque la competencia de la limpieza de los cauces no es del Ejecutivo regional, sino del Estado, el Gobierno cántabro se preocupa por esta cuestión y colabora en lo posible.

Esa preocupación se ha acentuado, según ha explicado, tras las inundaciones del pasado año, principalmente en la zona del Saja y en Campoo. Y por ello se han hecho gestiones con la Vicepresidencia del Gobierno, con el Ministerio de Transición Ecológica, y con las confederaciones del Ebro y del Cantábrico.

Gochicoa ha explicado que en 2019 se han hecho inversiones por 1,7 millones, con 70 actuaciones en más de treinta municipios, y que en 2020 se han anunciado más por 2,5 millones.

En la sesión del pleno de hoy, el portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez, también ha interpelado al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, acerca de los "más de 70 incumplimientos" que recoge un informe sobre el contrato del servicio de transporte sanitario adjudicado a Ambuibérica.

A las puertas del Parlamento regional, durante el desarrollo del pleno, trabajadores de Ambuibérica han protestado por el "servicio precario" que, según denunciaban en pancartas, "perjudica al usuario", de lo culpan a la empresa y al Servicio Cántabro de Salud (SCS) como "cómplice".

Rodríguez ha respondido a Cs que la empresa ha presentado alegaciones a "todos" los puntos de ese informe sobre el grado de cumplimiento del contrato, cuya revisión todavía está en marcha.

Ha abogado por esperar a que termine el proceso para tomar medidas, aunque ha avanzado que el Gobierno no descarta ninguna, ni siquiera la rescisión del contrato.

El consejero ha agregado que la empresa no puede utilizar "como pantalla" al SCS para atender las peticiones de sus trabajadores y ha recalcado que el papel del Gobierno es "seguir velando" para que se preste el servicio.

También ha dicho que "el conflicto con los trabajadores lo tiene que resolver Ambuibérica".

 
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