04-02-2020 / 18:31 h EFE

Responsables del Parque Tecnológico de Miñano (Álava) y de la Fundación HAZI han reafirmado su intención de mantener en sus puestos de trabajo a Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano, condenados por corrupción, hasta que no haya una sentencia firme ya que podrían "vulnerarse sus derechos fundamentales".

El conocido como "caso de Miguel" ha llegado este martes a la Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Parlamento Vasco a través de EH Bildu, que quería aclarar las consecuencias que la sentencia de esta red de corrupción tiene en los contratos laborales de esos dos condenados que no han entrado aún en prisión.

La Audiencia Provincial de Álava condenó a penas de entre 13 y 6 años a los tres principales acusados, entre ellos al exdirigente del PNV Alfredo de Miguel, por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, tráfico de influencias, prevaricación y malversación, entre otros.

De Miguel creó en 2005 junto con otros dos exresponsables del PNV alavés -Koldo Otxandiano y Aitor Tellería, condenados a 7 años y medio y 6 años y medio, respectivamente- una red para obtener contratos de instituciones gobernadas por este partido y para el cobro de comisiones ilegales, según el fallo.

Pese a esta condena, 13 de los 15 condenados han recurrido la sentencia al Tribunal Supremo, pendiente de resolverse.

Hoy ha comparecido en una comisión del Parlamento Vasco Asier Arrese, presidente de la Fundación Hazi, dependiente del Departamento de Desarrollo e Infraestructuras del Gobierno Vasco que se dedica al desarrollo de proyectos del sector primario, alimentario y litoral, entre otros.

La parlamentaria de EH Bildu Eva López de Arroyabe ha preguntado a Arrese por los motivos por los que se mantiene como trabajador en esta empresa a De Miguel pese a su condena.

Arrese ha insistido en que el principal condenado seguirá como empleado de esta fundación al menos hasta que haya una resolución judicial firme y ha remarcado que el juez no ha dictado una resolución de carácter provisional sobre el futuro de De Miguel.

Por ello Hazi no podría adoptar medidas cautelares como la suspensión de empleo de este condenado "porque no estaría lo suficientemente soportada y podría vulnerar derechos fundamentales".

Ha explicado que De Miguel tenía en los últimos años la categoría de técnico, con nivel "C" y un salario de 33.000 euros, aunque posteriormente accedió a través de un proceso de promoción interna en 2015 a un puesto superior que estaba vacante como "técnico de dinamización del litoral" que es el cargo que ocupa actualmente.

También se ha abordado en la misma comisión el caso de Otxandiano, que trabaja como contable en el Parque Tecnológico de Álava.

La presidenta de los parques tecnológicos de Euskadi, Itziar Epalza, ha explicado que Otxandiano trabaja en Miñano "como técnico del área de administración".

Al igual que el presidente de Hazi, Epalza ha insistido en que la administración tiene que actuar con "sometimiento pleno a la ley y al derecho", lo que implica que no puede adoptar medidas preventivas contrarias a los derechos fundamentales.

Así, ha remarcado que no se puede rescindir su contrato hasta que haya una sentencia firme que ratifique su condena.

También Epalza ha destacado que el parque acordó la nulidad del contrato que tenía con la empresa Stoa para la redacción del plan urbanístico una vez que la sentencia señala que la adjudicación fue ilegal y que se hizo a cambio de una comisión.

 
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