17-12-2019 / 15:30 h EFE

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado a las administraciones públicas estatal y autonómicas que actúen con "mayor contundencia" ante el "persistente" intrusismo profesional que afecta a fisioterapeutas y conllevan un "serio riesgo" para la salud de los ciudadanos.

En un comunicado, la organización sindical ha subrayado que la administración pública "debería ser más beligerante" frente al intrusismo profesional en el sector de la fisioterapia e impulsar actuaciones de control y sanción ante lo que supone un “claro fraude” a la sociedad con repercusiones negativas en la seguridad y salud de las personas.

El sindicato ha incidido en la necesidad de que las autoridades sean "especialmente estrictas" en los procesos de autorización, inspección y control en todos aquellos centros que ofertan servicios de fisioterapia.

Al respecto, ha recordado que estos servicios solo pueden ser realizados por un fisioterapeuta, es decir, un profesional sanitario acreditado por un título universitario.

En este sentido, SATSE ha insistido en que no es lo mismo ser masajista y fisioterapeuta, ya que el primero "no es un profesional sanitario y no puede tratar patologías ni hacer ningún tipo de actuación terapéutica que pueda confundir a la población".

Para SATSE, las garantías que ofrece un fisioterapeuta no son comparables a las de un "pseudoprofesional", ya que la escasa formación de estas personas puede comprometer "gravemente" la salud de sus pacientes, al aplicar técnicas y métodos "cuyos efectos no sean los más indicados e, incluso, puedan resultar contraproducentes".

Además, el paciente afectado puede verse desamparado en el supuesto de una reclamación o conflicto en cuanto a responsabilidad civil, ya que, a diferencia de los fisioterapeutas que sí tienen cubiertos estos riesgos, la mayoría de estas personas no tienen contratada ninguna póliza, apunta SATSE.

Por ello, la organización sindical ha reclamado ·mayor contundencia y diligencia· en las instancias judiciales a la hora de condenar este tipo de prácticas "fraudulentas" que constituyen un delito de intrusismo laboral, y en ocasiones, de falsificación de documento público y apropiación indebida.

“No podemos permitir que pseudoprofesionales no cualificados sigan ejerciendo en centros y domicilios particulares, ya que buscan su lucro económico y pueden llegar a poner en riesgo la salud de las personas”, ha concluido.

 
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