05-12-2019 / 18:20 h EFE

El grupo municipal de I-E en el Ayuntamiento de Tudela ha defendido la gestión realizada la pasada legislatura en relación con los empadronamientos ilíticos y ha censurado las "falsedades" trasladadas al respecto por Navarra Suma y el "oportunismo político" del alcalde, Alejandro Toquero.

De esta forma se pronuncia ante el reciente anuncio del alcalde de la localidad del descubrimiento de, según señala en un comunicado, una "trama delictiva de empadronamientos irregulares para el cobro de ayudas" y las críticas por "inacción" al anterior equipo de gobierno.

"Siempre que se detectó una irregularidad por parte de Servicios Sociales se puso en conocimiento de Policía Municipal, que hizo las gestiones pertinentes (visita al domicilio e informe) y se comunicó a la Policía Nacional", asevera I-E, que muestra "preocupación" por el "cúmulo de falsedades que se han trasladado a la opinión pública generando un debate que no favorece una sana convivencia".

Argumenta su afirmación indicando que en 2018 el número de expedientes iniciados por informe de Policía Municipal fue de 90 personas (sumados al resto de empadronamientos por otros motivos) y el primer semestre de 2019, todavía con el anterior gobierno, se iniciaron al menos 43 expedientes por parte de Policía Municipal.

I-E añade que, tras el anuncio de Toquero, el Ejecutivo indicó que no se le habían notificado los presuntos empadronamientos irregulares y después el delegado del Gobierno confirmó que la Policía Nacional llevaba un año investigando, que sólo ha habido un detenido y la causa penal sobre él ha sido sobreseída, iniciándose ahora la parte sancionadora administrativa.

Tras subrayar que la operación sigue abierta, por lo que el "oportunismo político" podría haber obstaculizado la investigación, remarca que comenzó la pasada legislatura y "no en la presente como afirmó el alcalde".

El grupo municipal dice no saber "muy bien con qué intención" se ha relacionado los empadronamientos con el cobro de ayudas, puesto que, a día de hoy, no son conocedores "del cobro de una sola ayuda por parte de personas empadronadas supuestamente indebidamente".

Por todo ello, ante la "gravedad de estos hechos en los que se ha mentido a la ciudadanía", se ha cuestionado la labor de los técnicos y del anterior equipo de gobierno y se ha puesto en riesgo una operación policial, reprueba la actuación del alcalde y de la concejala de Bienestar Social y reclama una disculpa pública.

 
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