02-12-2019 / 19:30 h EFE

La jueza Marianella Ledesma es la primera mujer elegida para presidir el Tribunal Constitucional (TC) de Perú, cargo que asumirá a inicios del próximo año para suceder a Ernesto Blume, que culmina su periodo presidencial de dos años.

Ledesma fue elegida por el resto de los seis magistrados del tribunal en mitad de la polémica por la decisión de este órgano de liberar a la líder opositora Keiko Fujimori, que permanecía desde hacía más de un año en prisión preventiva por obstruir una investigación por presunto lavado de activos.

Precisamente esta magistrada, que votó en contra de la excarcelación de Fujimori, había denunciado presiones para votar a favor de la liberación de la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) a cambio de que el Congreso la ratificase como integrante del TC.

La controvertida sentencia ha causado un enfrentamiento del Constitucional con el equipo de fiscales que investiga a Fujimori dentro del caso de corrupción Lava Jato, porque consideran que el fallo es irregular al presentar cuatro votos a favor de la liberación de la imputada, pero con razones distintas y contradictorias.

Antes de llegar al Tribunal Constitucional, Ledesma ejerció de jueza de paz y luego de titular de una sala de lo civil en la Corte Superior de Justicia de Lima, mientras que también es catedrática de la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la Universidad de Lima.

Para el cargo de vicepresidente del Tribunal Constitucional fue elegido el magistrado Augusto Ferrero, mientras que Blume dejará la presidencia del tribunal para a cambio asumir la dirección del Centro de Estudios Constitucionales.

Ferrero es el único de los siete magistrados que no tiene el plazo de cinco años para sus funciones vencido desde mayo de este año.

Tanto Ledesma como el resto de miembros a excepción de Ferrero deberán salir del Constitucional cuando el Congreso elija a los nuevos integrantes del tribunal de garantías.

Precisamente la polémica recomposición del Tribunal Constitucional que pretendía hacer el fujimorismo en el Congreso para situar a magistrados afines a sus intereses derivó en la disolución del Parlamento por parte del presidente, Martín Vizcarra, y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.

El Congreso, donde el fujimorismo tiene mayoría, hizo caso omiso a una cuestión de confianza presentada por el Gobierno para frenar la renovación del TC, lo que abrió la posibilidad para que el mandatario utilizase el artículo de la Constitución que le permitía disolver el Legislativo.

 
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