23-11-2019 / 17:29 h EFE

UGT de Andalucía ha asegurado no haber recibido ningún tipo de petición para que retire los cargos contra el extrabajador de este sindicato Roberto Macías, que se sentará en el banquillo el próximo jueves acusado de filtrar datos sobre la supuesta trama de facturas falsas del sindicato.

En un comunicado, UGT explica que Macías nunca ha denunciado nada formalmente y que "ha utilizado un procedimiento en el que consta su participación como autor, indiciariamente, de unos hechos constitutivos de infracción penal, para su propio beneficio personal".

El sindicato ha asegurado que Macías fue objeto de despido por causas objetivas en fecha 30 de noviembre de 2012 en UGT Andalucía y que "según consta en los autos judiciales seguidos ante los Juzgados de Instrucción de Sevilla, con fecha anterior a su despido, Roberto Alejandro Macías Chaves realizó una copia masiva de ficheros en un disco duro extraíble, a través de su ordenador, con su usuario y en horario de trabajo".

Este hecho puesto en conocimiento del Juzgado, y ratificado posteriormente en un informe pericial de la Policía Nacional, dio lugar a la entrada y registro en el domicilio de Roberto Macías Chaves acordada por el órgano judicial competente con la conformidad del Ministerio Fiscal.

"El informe pericial de la Policía Nacional establece que la fecha de creación de los archivos encontrados es muy posterior a la fecha de despido de Roberto Macías Chaves, por lo que esa versión que el interesado va lanzando, en la que dice que se le despidió tras denunciar la corrupción, carece de fundamento alguno", añade el sindicato.

La respuesta de UGT se ha producido después de que una platatorma de activistas y alertadores de corrupción en España haya pedido a la UGT que retire los cargos contra Macías.

Roberto Macías está citado a comparecer en el juzgado el próximo 28 de noviembre por un presunto delito de revelación de secretos, por el que fiscal solicita tres años de prisión y una indemnización de 60.000 euros por los supuestos daños morales causados a la UGT-A, que ejerce la acusación particular y pide cuatro años de cárcel.

 
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