21-11-2019 / 19:10 h EFE

La Inspección de Trabajo de La Rioja logró convertir 1.040 contratos temporales en indefinidos, un 18,2 por ciento más que el año anterior, y en 2020 ha previsto 389 actuaciones en materia de contratación irregular.

Este es uno de los datos que se han dado a conocer en el marco de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja, que se ha reunido este jueves para analizar las actuaciones realizadas en 2019 y programar los objetivos para 2020.

A la reunión han asistido el Consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio Castresana y del director de la Oficina Nacional Contra el Fraude, Juan Grangel.

Previamente al encuentro, el consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio Castresana, ha destacado la coordinación entre la administración central y la autonómica y que permitirá “incorporar nuevos objetivos en función de los planes que emanen de la lucha contra la precariedad y contra la economía sumergida”.

En este sentido, Castresana ha recordado que durante el año 2020 la Consejería va a llevar a cabo un estudio contra la precariedad laboral que ya se anunció en el Parlamento de La Rioja.

“Atendiendo a los resultados de este estudio, desarrollaremos actuaciones coordinadas con el Ministerio para encontrar esos focos de precariedad laboral y proteger los derechos de los trabajadores”, ha destacado.

Por su parte Grangel, ha coincidido en que la Comisión resulta “muy necesaria para estrechar los vínculos y el objetivo común” que unen a la Inspección de Trabajo, en sus órganos y competencias nacionales y autonómicas.

La Inspección de Trabajo ha programado para el próximo ejercicio 389 actuaciones encmarcadas en el Plan Director por un Trabajo Digno y encaminadas a detectar fraude en contratos temporales y a tiempo parcial, lo que supone un 9,2 % más que en 2019.

Entre ellas se incluyen acciones para detectar contratos en fraude de ley, encadenamiento de contratos temporales o la temporalidad sin causa justificada.

Destaca aquí también la labor que impulsará la Inspección de Trabajo contra la subcontratación y cesión ilegal, que engloba, entre otras materias, la propuesta de descalificación de falsas cooperativas y falsos centros especiales de empleo.

A estas se añaden actuaciones vinculadas a controlar el tiempo de trabajo, como la realización de horas extraordinarias, registro diario de jornada de trabajo y contratos a tiempo parcial, para comprobar si se realizan porcentajes de jornada superiores al establecido.

También se prevén acciones para luchar contra el impago de salarios y la discriminación laboral, en las diferentes vertientes de discriminación en el acceso al empleo, discriminación salarial, condiciones discriminatorias de trabajadores inmigrantes o en el ámbito de la negociación colectiva, y actuaciones para favorecer la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la conciliación entre la vida laboral y familiar.

En total, hay 1.296 actuaciones programadas en el ámbito de las relaciones laborales y otras 1.296 en el ámbito de la seguridad y salud laboral.

Esto suma un total de 2.592 actuaciones previstas para 2020 en materias de competencia autonómica (fueron 2.370 en 2019), a las que se añaden otras 3.168 en materias de competencia estatal (seguridad social, economía irregular y trabajo de extranjeros) pero cuya ejecución corresponde a la Inspección de Trabajo riojana.

Dentro de las 1.296 actuaciones previstas en el ámbito de la seguridad y salud laboral destacan campañas de prevención en el sector de la construcción, sobre coordinación de actividades empresariales o gestión de la prevención, así como actuaciones específicas en las empresas con mayor siniestralidad laboral e investigación de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Respecto a los resultados de las actuaciones realizadas este 2019 por la Inspección de Trabajo, se realizaron 1.822 visitas, 1.512 requerimientos y se registraron un total de 732 infracciones con un importe de 2,7 millones de euros.

De estas últimas, 141 se relacionaban con la seguridad y salud laboral, 105 correspondían al ámbito de las relaciones laborales, 415 tenían que ver con seguridad social, 49 con extranjería y 22 con obstrucción a la labor inspectora.

 
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