07-10-2019 / 19:00 h EFE

La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos, Raquel Romero, ha anunciado este lunes que impulsará una Ley de Participación “participativa y participada", que sea el resultado de "un verdadero proceso participativo” y el desarrollo de un proyecto experimental de Presupuestos Participativos.

Romero ha afirmado que esta Ley será el resultado del "mayor proceso participativo jamás realizado en La Rioja”, cuy objetivo es situar a la región “a la cabeza de las comunidades autónomas en materia de participación democrática”.

También ha anunciado su pretensión de poner en marcha, antes de finalizar la legislatura, un proyecto experimental de Presupuestos Participativos, que convierta a La Rioja en "pionera en presupuestos participativos autonómicos y que será un verdadero reto colectivo para el conjunto del Gobierno de coalición PSOE-Podemos” .

En materia de participación, ha anunciado también que, antes de que finalice 2019, se celebrará el Foro Social Permanente de La Rioja, con presencia de todos los colectivos sociales representativos de la Comunidad.

De este Foro saldrán “planes de actuación directa con la participación activa y la supervisión directa de los propios actores sociales involucrados”, ha dicho.

Además, la Dirección General de Participación fomentará las vías telemáticas de participación directa en tiempo real con el refuerzo de las TICs, las tecnologías de la información, para que sirvan “como instrumentos activos de democratización y participación directa de la gente en la gestión pública”, ha indicado.

En el área de Cooperación y Derechos Humanos, ha dicho que espera que esta legislatura se pueda llegar a destinar a cooperación el 0,7 % del presupuesto y ha apuntado como prioridades canalizar la ayuda humanitaria a través de un convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre otras.

Sobre los derechos humanos, ha afirmado que los derechos y las libertades de la ciudadanía “van a ser el centro de nuestras políticas para frenar los impulsos reaccionarios y los ataques a la democracia que crecen en nuestro entorno”.

En La Rioja, ha recalcado que hay retos y problemáticas urgentes en derechos humanos a abordar “por cuanto suponen una vulneración de los derechos humanos”.

Ha citado el hecho de que el 20,4 % de las personas residentes en la región está en situación de pobreza y/o exclusión social, una tasa de pobreza del 9,7 %, 3.586 personas dependientes en lista de espera para percibir sus prestaciones y un 13% de la población en situación de exclusión residencial.

También se ha referido a una brecha salarial de género que se estima en unos 5.600 euros y la falta de planes específicos para atender a la población inmigrante escolarizada, entre otras desigualdades.

A lo largo de esta legislatura y en el campo de los derechos humanos, la intención de la Consejería es realizar un diagnóstico de la situación real y proponer medidas de corrección de la desigualdad.

En esta tarea, la consejera ha dicho que es "clave" el nuevo Observatorio de Derechos de La Rioja, que será el encargado de procesar de manera sistemática la información sobre el estado de los derechos humanos en la región.

Este órgano también tendrá entre sus cometidos elaborar recomendaciones a través de un plan de acción que contempla, entre otros, la creación de un centro virtual de recursos sobre derechos humanos y memoria, la investigación sobre derechos humanos en colaboración con la Universidad de La Rioja o la organización de cursos y talleres formativos.

Otra de los aspectos destacados por la consejera es la nueva Oficina de Retorno y la puesta en marcha de un programa de retorno de los ciudadanos riojanos que se encuentran fuera de La Rioja por motivos laborales y personales y deseen regresar.

El principal objetivo de esta oficina, ha dicho, es favorecer su regreso, entendiendo el retorno “como un nuevo proceso migratorio”, en el que “los riojanos y riojanas que un día se fueron puedan no solo regresar por un tiempo, sino establecerse, volver con sus familias, y forjar un proyecto de vida”.

Otro de los principales objetivos de la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos unido también a los derechos humanos es la Ley de Memoria Histórica y su aplicación.

Romero ha defendido que en esta legislatura se trabajará para que las instituciones “reconozcan a las víctimas de la dictadura y reparen el maltrato institucional injustamente sufrido durante demasiado tiempo”.

En la comparecencia, la consejera ha estado acompañada por sus directores generales de Participación, Mario Herrera; y de Cooperación y Derechos Sociales, Mayra Moro, quien ha acudido con su bebé.

 
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