21-09-2019 / 11:40 h EFE

La Plataforma para el 5% en Educación ha reclamado este sábado al Gobierno de Canarias un incremento presupuestario de 287 millones de euros en las cuentas públicas canarias para 2020 respecto a las actuales, alcanzando los 2.005 millones el área educativa (4,07% del PIB) y avanzando, por tanto, hacia la consecución del 5% en 2022 que establece la Ley Canaria de Educación en su articulado.

La Plataforma denunció recientemente que el Gobierno que presidía Fernando Clavijo ocultó sus planes para incumplir la Ley Canaria de Educación en sus compromisos presupuestarios.

Y lo hizo evitando que sus verdaderas intenciones -situar el presupuesto en el 3,5% en 2022, frente al 5% que estipula la Ley- fueran conocidas en periodo preelectoral, no enviando al BOC el plan presupuestario aprobado en marzo y remitido por el Ejecutivo canario al Gobierno central, afirma la entidad en un comunicado.

El acuerdo para un Gobierno de Progreso y de Cambio para Canarias firmado por la actual coalición de Gobierno recogió el compromiso de trabajar por la educación como principal instrumento en la lucha contra las desigualdades, impulsando un gran acuerdo por la educación que permita trabajar para que la inversión en este ámbito llegue al 5% del PIB regional, recuerda.

La plataforma estima que si se tienen en cuenta las previsiones de crecimiento del PIB reflejadas en el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el período 2020-2022, serán necesarios algo más de 287 millones de incremento presupuestario para el próximo ejercicio de 2020 para cumplir con la senda del 5% establecida en la Ley Canaria de Educación.

"Como consecuencia de las irresponsables rebajas fiscales de los últimos años, la contribución fiscal de los canarios y canarias al mantenimiento de sus servicios públicos es muy inferior a la del resto de comunidades autónomas incluidas aquellas con menor renta per cápita que Canarias", critica.

La fiscalidad canaria se sitúa a 1.363 millones de euros de la media de España, a la cola de todas las comunidades autónomas y a 873 millones de euros de la siguiente comunidad (Aragón).

A juicio de los promotores de esta plataforma, bastaría con que la fiscalidad canaria revirtiera las rebajas fiscales y se situara al mismo nivel que la de Aragón (la segunda por la cola) para disponer de 873 millones para el mantenimiento y recuperación de los servicios públicos.

 
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