19-09-2019 / 20:30 h EFE

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomendado al Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) investigar la posible existencia de prácticas fraudulentas en el cobro de tarifas de taxis adaptados, tras investigar una queja ciudadana.

La síndica ha informado de que esta recomendación es consecuencia de las averiguaciones hechas tras recibir una denuncia según la que algunos taxis cobran una tarifa diferente a las personas usuarias de silla de ruedas, sin que ello esté autorizado por el IMET.

Según la queja, algunos servicios de taxi adaptado a personas con movilidad reducida cobran una tarifa diferente a los que se desplazan en silla de ruedas, en concreto, 13,90 euros de lunes a viernes y de ocho de la mañana a ocho de la tarde, y 14,50 euros los fines de semana, festivos y nocturnos de ocho de la tarde a ocho de la mañana, de lunes a viernes.

La síndica recuerda que “esta tarifa no está autorizada por el IMET y no se tendría que aplicar" y asegura que cuando el usuario pide un recibo "este cobro, no se hace”.

Otra irregularidad denunciada consistiría en aplicar la tarifa de demanda de servicio por emisora (7 euros mínimo), sin que haya alternativa real para acceder al servicio mediante mano levantada o parada de taxi.

Maria Assumpció Vilà recuerda que la normativa permite al IMET autorizar complementos para servicios especiales, pero, de la revisión de las tarifas vigentes en 2018 y 2019 "se desprende que los desplazamientos efectuados con taxis adaptados para usuarios de sillas de ruedas no son objeto de complementos ni suplementos y, en consecuencia, se tienen que aplicar las mismas tarifas y complementos que en el resto de trayectos".

En cuanto a la tarifa mínima de 7 euros establecida reglamentariamente para pedir el servicio por emisora, considera la síndica que “este coste es prácticamente inherente a las personas que necesitan taxis adaptados, puesto que con el volumen reducido de este tipo de vehículo es casi imposible optar a un taxi adaptado en la calle o en puntos de parada autorizados”.

La defensora de los ciudadanos de Barcelona cree conveniente que, mientras no se produzca un incremento significativo de la flota de taxis adaptados, se valore estudiar opciones o alternativas que permitan reducir este gasto.

Recuerda, además, que Barcelona sigue sin cumplir el mínimo legal del 5 % de taxis adaptados y señala que ya mostró su preocupación sobre este asunto el pasado mes de marzo.

 
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