10-09-2019 / 20:30 h EFE

El exconcejal de Seguridad de Portbou (Girona) que fue detenido por dos guardias civiles el 7 de julio de 2018 por negarse a identificarse quiere llevarles a juicio por los de delitos de detención ilegal y lesiones, por lo que ha recurrido el archivo del caso por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Figueres.

Los hechos, según la Guardia Civil, se produjeron en una actuación de los agentes durante una discusión en un parking de Portbou entre dos personas ebrias y dos trabajadores municipales, en la que intervino el edil, Francisco A., para recriminar con actitud “agresiva y hostil” la actuación de los guardias civiles.

Los agentes aseguraron haberle pedido que se identificar hasta en tres ocasiones y que el exedil les dijo que no llevaba el DNI encima y no lo hizo, por lo que lo acabaron deteniendo, trasladando varias horas a las dependencias policiales y denunciándolo por un delito de resistencia a los agentes de la autoridad.

El juicio contra el edil, que a su vez denunció a los agentes por detención ilegal, se celebró en octubre y la sentencia del Juzgado de Instrucción 5 de Figueres concluyó que los hechos denunciados “no revestían gravedad y relevancia penal suficientes para ser constitutivos de un delito de atentado o resistencia grave a agentes de la autoridad, ni de desobediencia grave”.

El mismo juez ya había ordenado el 17 de julio el sobreseimiento de la denuncia presentada por el edil contra los agentes por detención ilegal, pero su abogado Carles Monguilod mostró su “rotunda disconformidad” y presentó recurso, al que se adhirió la fiscalía, ante la Audiencia de Girona.

Alegó en el recurso que los guardias le inmovilizaron y detuvieron a pesar que conocían perfectamente su identidad ya que es vecino de la localidad de toda la vida, trabajó muchos años en la Policía Nacional y en el momento de los hechos era edil, y la Audiencia ordenó reabrir el caso.

Una vez revocado el archivo, el juzgado instructor tomó declaración a los implicados y los testigos del arresto pero, ahora, una vez terminada la instrucción, ha vuelto a archivar el caso.

En su argumentación, el juez afirma que no se puede descartar el "móvil espurio" en la denuncia interpuesta por el edil y que "es bien conocida la compleja situación política actual en Cataluña, en la que en muchos consistorios se imponen las tesis que, entre otros extremos, pretenden la expulsión de territorio catalán de los funcionarios públicos españoles, y singularmente los de la Guardia Civil".

Ante este archivo, el abogado Carles Monguilod ha recurrido de nuevo ante la Audiencia de Girona y mantiene que existen “claros indicios” de la comisión de los delitos de detención ilegal y lesiones (causadas al esposar al edil) por parte de los dos agentes y quiere ir a juicio.

El letrado califica de “argumento improcedente y carente del más mínimo soporte probatorio” el supuesto “complot” urdido por “muchos consistorios para expulsar a guardia Civiles del territorio catalán” que expone el Auto.

Además considera esta afirmación, “además de gratuita, totalmente fuera de lugar” por considerar que la denuncia del ex edil pueda tener un móvil espurio cuando, en ningún momento se han aflorado ni siquiera sus filias políticas y además fue gran parte de su vida agente de la Policía Nacional.

 
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