10-09-2019 / 20:09 h EFE

El número de investigaciones incoadas por delitos medioambientales en la provincia de Barcelona llegó a las 144 en 2018 frente a las 95 de 2017, lo que significa un aumento del 52 % en este tipo de casos.

Así se desprende de la memoria de la Fiscalía Provincial de Barcelona, a la que ha tenido acceso Efe, que alerta de un inminente "colapso" en la sección por la reducida plantilla con que cuenta la misma.

De acuerdo con el informe, en 2018 se produjo "un notable incremento de los asuntos objeto de investigación de la sección de medio ambiente en comparación con las estadísticas de años anteriores", pero ello no ha supuesto la contratación de más personal.

A lo largo del año pasado, se incoaron 40 diligencias de investigación relacionadas con delitos contra el medio ambiente, 52 por delitos contra la flora y la fauna, 34 por casos sobre ordenación del territorio y urbanismo, nueve por malos tratos a animales y dos contra el patrimonio histórico.

De todas, la memoria destaca la disminución de las investigaciones incoadas por incendios forestales, que fueron siete en 2018 -en 2017 habían sido 17-, una hecho que ha atribuido principalmente a las abundantes lluvias que se produjeron a lo largo del año.

Además, se iniciaron también 92 procedimientos judiciales por delitos medioambientales y urbanísticos, 15 más que durante todo 2017.

Debido a estas cifras, el informe alerta de que la plantilla de tres fiscales, un fiscal colaborador y once fiscales de enlace que conforma la sección "no es suficiente para poder hacer frente en un tiempo razonable a los asuntos" que le conciernen y asevera que, si no se amplía la plantilla "en un breve espacio de tiempo", la situación "podría desembocar en un grave colapso".

En este sentido, por ejemplo, señala que la "sobrecarga de trabajo de los Juzgados de lo Penal" encargados de la ejecución de demoliciones urbanísticas ha dificultado llevar a cabo un control minucioso de cada uno de los procedimientos, tal como se estableció hace algunos años.

La memoria también dedica un apartado a la electrocución de la avifauna en líneas eléctricas en el que destaca que las medidas adoptadas por las compañías suministradoras no evitan, según los agentes rurales, el fallecimiento de aves.

 
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