10-09-2019 / 16:49 h EFE

Un total de 77 empresas de la provincia de Castellón han sido objeto de investigación durante el primer semestre de este año por un presunto delito a la Seguridad Social, por un importe de deuda de 4,2 millones de euros, según el director provincial de la Tesorería General y el INSS, Bernardo Castelló.

Además, se han detectado 322 movimientos de altas ficticias en ese mismo periodo que han sido anuladas en Castellón, según ha añadido el director provincial en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la subdelegada del Gobierno, Soledad Ten.

Ten ha hecho referencia a la reciente creación del observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, que tiene como objetivo la recuperación de recursos del sistema que "no llegan porque hay incumplimiento de obligaciones en materia de afiliación, cotización o recaudación o conductas irregulares".

En ese observatorio se llevarán a cabo actuaciones preventivas y de corrección del fraude, y además se evaluarán los resultados y se comunicarán para que "la ciudadanía lo sepa y comprenda que es importante denunciar conductas irregulares", ha añadido la subdelegada.

Castelló ha explicado que este observatorio será "proactivo para intentar ir por delante, utilizará metodologías predictivas y se trabajará con 'Big Data' utilizando la gigantesca base de datos de la Seguridad Social para analizar los datos en bruto con tecnología de minería de datos y algoritmos predictivos".

El objetivo será que cuando se detecten situaciones susceptibles "se analicen pormenorizadamente por las unidades antifraude".

Las principales líneas de trabajo que se establecerán serán la investigación de las empresas ficticias -que cometen delitos contra la Seguridad Social-, las sucesiones no declaradas de empresas -que mueren aparentemente y surgen otras para eludir los pagos-, y se analizará el riesgo en el aplazamiento del pago de las cuotas de la Seguridad Social.

En cuanto a las cifras de Castellón, el director provincial ha explicado que en el primer semestre de 2019 se han detectado 322 actas de alta ficticias y se han iniciado investigaciones por un presunto delito a la Seguridad Social a 77 empresas, en 12 de las cuales se ha iniciado acción judicial y en dos ya existen sentencias condenatorias.

Estas investigaciones en las 77 empresas suponen un importe de deuda implicado de 4.180.317,24 euros, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno. En el sector servicios -y especialmente en las empresas de menor tamaño- es donde más situaciones de fraude se detectan.

 
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