21-08-2019 / 21:50 h EFE

La Justicia peruana abrió este miércoles un proceso penal por supuesto encubrimiento contra el exfiscal general Pedro Chávarry, cuestionado por haber pretendido separar a los fiscales que investigan el caso de corrupción Lava Jato en Perú.

Durante la audiencia, el fiscal Alcides Chinchay afirmó que Chávarry incurrió en fraude a la ley por haber usado su cargo y sus funciones para obstruir la labor del Equipo Especial Lava Jato en el Ministerio Público, en referencia a la mayor operación de combate a la corrupción en Brasil y que destapó una gigantesca red que llegó a varios países de la zona.

El exfiscal general destituyó como coordinador de ese grupo especial a Rafael Vela y como miembro de su equipo al fiscal José Domingo Pérez el 31 de diciembre de 2018, cuando se preparaban para firmar un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con la empresa brasileña Odebrecht.

Con ello, el equipo buscaba agilizar las investigaciones contra la líder opositora Keiko Fujimori, así como los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alan García, quien se suicidó en abril cuando iba a ser detenido por la Policía.

Vela y Pérez denunciaron ante los medios de comunicación que el principal objetivo de Chávarry era frustrar ese acuerdo, por lo que impugnaron su separación ante la junta de fiscales supremos.

A raíz de las críticas, Chávarry se vio presionado a renunciar al cargo de fiscal general en enero pasado, pero sigue como fiscal supremo debido a que la Comisión Permanente del Congreso, de mayoría fujimorista, lo libró en mayo de la destitución e inhabilitación solicitada por su presunta participación en una red de corrupción judicial.

No obstante, el pleno del Congreso sí aprobó en julio pasado que se le investigue por encubrimiento real, debido al frustrado despido de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial del escándalo de sobornos Lava Jato en Perú.

La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, denunció además a Chávarry ante el Congreso por los delitos de encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objeto.

El delito de encubrimiento real hace referencia a quien "dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del mismo".

Si Chávarry es hallado culpable, puede ser condenado a una pena no menor de dos años ni mayor de cuatro, según establece el Código Penal, con la posible consecuencia de que el Poder Judicial determine su inhabilitación.

El apoyo popular a los fiscales del equipo especial Lava Jato fue rotundo y conllevó una ola de protestas y marchas contra Chávarry a inicios de este año, lo que le hizo dar marcha atrás en su decisión y dejar sin efecto la polémica resolución.

Al rechazo de la opinión pública, se sumó la solicitud de los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos para que Chávarry renuncie al cargo por generar "caos y desconcierto" en el Ministerio Público.

 
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