01-07-2019 / 18:31 h EFE

Un juzgado de Sevilla enjuiciará mañana al empresario José Sivianes, dueño de la empresa Formación Integral para el Empleo, y otras ocho personas por un presunto fraude en el uso de subvenciones de la Junta para cursos de formación de parados del 2010 y del 2012, el primer caso de este tipo en ser calificado por la Fiscalía.

El Ministerio Público solicita doce años de cárcel para Sivianes como autor material de dos delitos de fraude de subvenciones y cooperador necesario de un tercer delito continuado de falsedad en documento mercantil, mientras que para los otros ocho acusados reclama entre seis y ocho años de prisión por los mismos delitos.

La Fiscalía también exige que todos los acusados indemnicen solidariamente a la Junta de Andalucía con 2.750.627 euros y que Formación Integral para el Empleo abone una multa de 5.501.254 euros.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla decretó en septiembre del 2016 la apertura de juicio oral contra los nueve acusados después de que recibieran cinco millones de euros para cursos de formación entre el 2010 y el 2012.

En mayo del 2016, Sivianes compareció ante la comisión parlamentaria que investigaba las subvenciones y aseguró que la Junta aún le adeudaba "importantes cantidades" de dinero por las acciones formativas y que no existió "defraudación ni desvío de subvenciones en ninguna cantidad".

Sivianes, que no respondió a las preguntas de los diputados, leyó un documento en el que afirmaba que no había cometido "irregularidad alguna".

El empresario y otros ocho investigados, entre ellos su esposa, están acusados de organizar una trama que en tres años logró subvenciones de la Junta de Andalucía para programas de formación que presentan numerosas irregularidades.

Los otros procesados son un empresario que acreditaba gastos ante la Junta y propiciaba así el presunto fraude, un asesor y las cinco personas que simulaban de la cesión del servicio de docencia.

La Fiscalía asegura que Sivianes y Formación Integral para el Empleo S.L. "se dedicaban a impartir cursos de formación profesional, en su mayoría subvencionados por la Junta", que al concederles los fondos para estos cursos lo hizo por "una cuantía sustancialmente mayor" que las de otros años.

Según el Ministerio Público, Sivianes y la mercantil, "puestos de común acuerdo y con ánimo de enriquecerse injustamente", crearon entre el 2011 y el 2012 "una estructura organizativa destinada únicamente a apropiarse en beneficio propio de las dos terceras partes las subvenciones".

El sistema que emplearon fue, por un lado, "incrementar ficticiamente los gastos empleados en la docencia mediante la subrogación para tales servicios de terceros también acusados, los cuales realmente no prestaron por sí mismos los servicios (...), ya que de facto dicha actuación la realizaban directamente" Sivianes y su mujer, por lo que los demás eran "simples testaferros".

Por otro lado, "incrementaron ficticiamente los gastos de suministro de material didáctico valiéndose de otros terceros también acusados, que emitieron facturas y presupuestos que no se correspondían con prestación de servicios alguna".

De este modo "lograron apoderarse de 336.699 euros en el 2011 y de 2,4 millones en el 2012", añade el fiscal.

 
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