26-06-2019 / 19:20 h EFE

El incremento de frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos derivado de la crisis climática va a ocasionar no solo efectos sobre el movimiento de personas entre países, sino también "conflictos para acceder a los recursos, que cada vez serán más escasos".

Esta es la tesis que mantiene la profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Rovira i Virgili de Tarragona Susana Borrás, que ha presentado el seminario organizado en Lanzarote por la Fundación César Manrique sobre el calentamiento global su visión sobre "La eclosión de las migraciones climáticas".

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reconoce que en los próximos años cada vez serán más los movimientos relacionados con el clima y calcula entre 350 y 1.000 millones las personas que se verán desplazadas hasta 2050 por causas ambientales.

En una entrevista con Efe, esta especialista en Derecho Ambiental explica que esas migraciones pueden derivarse de eventos extremos como inundaciones, tormentas o huracanes, pero también de procesos menos perceptibles que generan "impactos importantes sobre el bienestar de las poblaciones, como la desertización, la subida del nivel del mar o la erosión del territorio"

En este sentido, Borrás alerta sobre las graves consecuencias que tendrá el cambio climático en lugares como las pequeñas islas-estado del Pacífico, donde la elevación del mar por el calentamiento global obligará a la población a desplazarse para subsistir.

La escasez recursos sólo derivará en un éxodo de población, bien a través de desplazamientos internos o del cruce de fronteras internacionales, sino también hará creer los "conflictos por el acceso a los recursos", insiste esta profesora universitaria.

Borrás recuerda que ya en la década de los noventa la Cruz Roja Internacional ponía sobre la mesa datos que demostraban que el cambio climático causa "más migraciones que la guerra y los factores económicos", algo que ha corroborado Acnur en su último informe.

Además, avisa de que la emigración va a ser "un lujo reservado a aquellas que puedan hacerlo, mientras que para las que ya están atrapadas en la pobreza resultará casi imposible poder desplazarse".

Susana Borrás denuncia que, si bien Naciones Unidas reconoce la realidad de las migraciones climáticas, las convenciones internacionales sobre refugiados solo otorgan esa condición a quien es perseguido por motivos políticos, de religión o raza.

Esta profesora de Derecho Internacional Público considera que el marco jurídico ha quedado "desfasado ante una problemática que resulta necesario reconocer y para la que hay que estar preparados por razones de supervivencia y de seguridad".

A nivel europeo, sólo Suecia y Finlandia permiten otorgar visados humanitarios a quienes han tenido que huir de sus países como consecuencia de desastres naturales que han ocasionado que su lugar de residencia haya quedado devastado.

Borrás explica cómo cabría "la posibilidad que, dentro de los ordenamientos jurídicos, se pudiera dar cobertura a esta realidad" lo que, a su entender, "demuestra que si hubiera voluntad política" se podrían buscar soluciones para "proteger a estas personas por crisis humanitarias derivadas de la crisis climática".

Esta investigadora insiste en que hablar de emigración climática es "hablar de derechos y justicia climática", pero también de responsabilidades porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce "la libertad de emigrar como un derecho, pero no dice nada de la obligación que tienen los estados de recibir a esas personas".

La desigualdad entre países pobres y ricos también pone en desventaja a las poblaciones del tercer mundo a la hora de enfrentarse a situaciones de emergencia climática.

En este sentido, Borrás explica cómo los países industrializados, aquellos que más han contribuido a generar el cambio climático, son los que están mejor preparados para hacer frente a sus efectos.

Esta experta es crítica con algunas de las políticas emprendidas por los países industrializados para mitigar sus efectos.

Cita, como ejemplo, la extensión del uso de biocombustibles, que promueven la implantación de monocultivos en amplias zonas agrícolas y provocan desplazamientos de población, o la construcción de grandes presas hidroeléctricas con el objetivo "supuesto" de generar energía limpia, pero que expulsan de su territorio a poblaciones indígenas, como ha ocurrido en Belo Monte, en Brasil.

Por ello, alerta sobre políticas europeas y de países industrializados que "parecen buenas", pero que encierran "altos impactos sobre poblaciones muy vulnerables que dependen de sus recursos para la subsistencia".

Por último, Susana Borrás considera que el propio desconocimiento del concepto de "migrante climático" hace que "muchas de las personas que vienen a Europa no sepan que lo son".

 
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