12-06-2019 / 16:41 h EFE

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido que se detenga la expulsión a Marruecos de 34 migrantes de origen subsahariano que llegaron el pasado 3 de junio a las islas Chafarinas y que fueron trasladados a Melilla por Salvamento Marítimo.

Ese grupo de migrantes solicitó asilo, aunque fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla informaron de que solo se había admitido a trámite la petición de protección internacional de uno de ellos, mientras que al resto se les había denegado.

Según explica CEAR, debe garantizarse el acceso al procedimiento de protección internacional con las máximas garantías y teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurren en Mali, país de origen de los mismos, donde se ha recrudecido el conflicto, con más de cien muertes en la última semana tras un ataque en el centro del país.

Además, indica en un comunicado, "a pesar de encontrase en territorio nacional, les ha sido aplicado el procedimiento de protección internacional en frontera" que, a su juicio, no ha garantizado que las entrevistas se realizaran en condiciones "óptimas debido a la situación física y anímica en la que se encontraban las personas después de su traslado desde los calabozos y en un tiempo récord".

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado alerta del riesgo de su posible devolución a Marruecos a pesar de que la Delegación del Gobierno en Melilla asegurara este martes que "los trámites legales no han concluido, dado que aún caben medidas judiciales".

Recuerda que para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva y siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es necesario que las personas que han visto denegada su solicitud de protección internacional en un puesto fronterizo gocen de un recurso efectivo ante una instancia nacional, en cumplimiento del artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

"El Tribunal Europeo reconoce que si el acceso a estas vías de recurso no va acompañado de un efecto suspensivo se menoscaba su efectividad, por lo que constituye por tanto una garantía jurídica de obligado cumplimiento", señala CEAR que insiste en reclamar la suspensión de las posibles devoluciones.

 
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