04-06-2019 / 17:30 h EFE

La Asociación Cacereña de Apicultores ha condenado la "masacre" de colmenas de dos apicultores de Cáceres y Salamanca durante la trashumancia, un nuevo ejemplo de los "ataques" sufridos durante las labores de esta actividad en los últimos años.

En una nota, el colectivo ha criticado estos ataques perpetrados contra las colmenas del apicultor salmantino y del extremeño, los pasados 28 y 30 de mayo, respectivamente.

El cacereño ha sufrido la "masacre" de 203 colmenas ubicadas en Robleda-Cervantes (Zamora), las cuales se han asfixiado como consecuencia del cierre "intencionado y deliberado" de las piqueras que permiten la salida de las abejas y el normal pecoreo de las mismas, idéntica causa que en el caso del apicultor salmantino.

"Este gravísimo incidente viene a ser continuación de los sucesivos ataques que sufren los apicultores trashumantes de Extremadura, Salamanca y otras provincias durante los últimos años", ha lamentado la asociación.

Estos mismos apicultores y muchos otros ya sufrieron durante la campaña pasada ataques de la misma índole.

"Cansados" de soportar esta situación año tras año, la Asociación Cacereña de Apicultores, Asaja-Cáceres, la Asociación Salmantina de Apicultores, Asaja-Salamanca y la Cooperativa Apihurdes-Euromuel se han unido en un manifiesto de reivindicación para que se proteja a la abeja como agente polinizador fundamental, a los apicultores como fijadores de la población al medio rural y a la actividad apícola.

En este sentido, solicitan a la administración que se vigilen estos actos "vandálicos" a través de los grupos Roca/Seprona de la Guardia Civil, con la finalidad de prevenir posibles enfrentamientos entre apicultores.

Asimismo, instan al Gobierno central y a las comunidades autónomas a que trabajen de manera conjunta en la modificación del real decreto 209/2002, en el sentido de establecer un régimen de distancias entre asentamientos apícolas a nivel nacional, del mismo modo que ya se regulan distancias a carreteras, núcleos urbanos o caminos.

Con ello "desaparecerían" las actuales normativas locales y autonómicas relativas al área de pecorea que, a su juicio, están en el origen del problema y quedaría como norma única la normativa nacional.

 
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