07-09-2017 / 13:51 h EFE

Podemos promover que el Congreso y el Parlamento canario se pronuncien sobre la situacin de Seguridad Integral Canaria y sus planes para ceder sus contratos de vigilancia a otras empresas, porque considera que su propsito es "seguir cercenando los derechos de los trabajadores".

La formacin poltica trasladar al Congreso de los Diputados el debate sobre esa empresa, de la que es accionista mayoritario Miguel ngel Ramrez, presidente de la Unin Deportiva Las Palmas, a travs de una pregunta al Gobierno que ha formulado su diputado tinerfeo Alberto Rodrguez.

Este parlamentario pide informacin sobre cul es el nmero exacto de contratos que tiene la Administracin del Estado con Seguridad Integral Canaria, si se ha evaluado el nivel de ejecucin de esos contratos y si se ha comprobado que las empresas a las que se pretende cederlos "son solventes y carecen de causas que prohban su contratacin", avanza en un comunicado Podemos.

Ya que este partido considera que "la intencin de Ramrez es ceder esos contratos a otras dos empresas piratas, como son Marsegur y Sinergias", a fin de "sortear las deudas millonarias a sus trabajadores a las que debe hacer frente" y recortar los salarios de sus empleados.

Rodrguez justifica su iniciativa por el hecho de que, segn afirma, Seguridad Integral Canaria ha conseguido "contratos millonarios con numerosas administraciones presentando una oferta econmica ms ventajosa a costa del salario de los trabajadores".

Puesto que, "mientras la mayora de las empresas del sector aplican el convenio colectivo, Ramrez aplica un convenio de empresa gracias a la reforma laboral de 2012, que hace que se prime el convenio de empresa frente al sectorial", y lleva a cabo "rebajas salariales que, en ocasiones, rozan el 40 por ciento", sostiene.

Y recuerda que ese es "un convenio que el Tribunal Supremo ha anulado, y que la empresa se niega a retirar y hacer efectivas las cantidades que les adeuda a los trabajadores".

El diputado de Podemos solicita al Gobierno que se pronuncie, adems, sobre si los planes de Ramrez se atienen al artculo 226 de la Ley de Contratos del Sector Pblico, que regula la cesin de contratos.

Una norma que establece que "no podr autorizarse la cesin a un tercero cuando esta suponga una alteracin sustancial de las caractersticas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato", se destaca en el escrito.

Podemos anuncia que tambin trasladar el debate de los proyectos de Seguridad Integral al Parlamento de Canarias, mediante una iniciativa de su diputada Natividad Arniz.

Esta preguntar al Gobierno canario por los contratos que tiene con esta empresa y por la situacin laboral en la que quedarn sus trabajadores, ante la cual expresa su "preocupacin".

Adems, Natividad Arniz interrogar al Ejecutivo "para saber si se van a revisar todos aquellos concursos pblicos donde estn adjudicados los servicios a las denominadas empresas piratas del sector de la seguridad privada, que mantienen a sus empleados en unas alarmantes condiciones de precariedad laboral".

 
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