08-11-2018 / 20:40 h EFE

Los consistorios y entidades impulsores del Segundo Congreso de Pobreza Energética han "exigido" a la Generalitat que "obligue" a las empresas suministradoras de energía a firmar los convenios que prevé la ley 24/2015 de pobreza energética para que las familias con deuda acumulada en los recibos atrasados de energía "no queden endeudadas de por vida".

La compañía Aguas de Barcelona (Agbar) anunció ayer que condonará la deuda acumulada en los recibos atrasados del agua a familias declaradas en situación de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales, ante lo que la portavoz de la Alianza para la Pobreza Energética, Maria Campuzano, ha afirmado que "se empieza a hacer, pero de manera opaca, porque no sabemos a qué familias se condonará la deuda".

Durante la mesa inaugural del Congreso, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que "hay una conciencia social que considera que el gas, la electricidad y el agua son derechos fundamentales", por lo que "estamos ante un cambio de paradigma que hace pocos años era impensable".

Todos los representantes de la entidades organizadoras del congreso han coincidido en la "necesidad de hacer frente común para "cambiar el actual modelo energético, que es especulativo" y seguir luchando contra el abuso de los precios de la energía.

Para Colau, debido a "una mala gestión pública, el modelo energético en España ha acabado en oligopolio y en algunos casos casi en monopolio, con precios abusivos y beneficios astronómicos para las empresas".

Colau y otros representantes de entidades presentes en el congreso, como el alcalde de Sabadell, Maties Serracant, han afirmado que "el Gobierno español, que es quien tiene capacidad normativa, debe asumir su responsabilidad de legislar para que la energía sea un derecho fundamental garantizado para los ciudadanos".

En el mismo sentido se ha manifestado la portavoz de la Alianza para la Pobreza Energética, Maria Campuzano, que ha añadido que "si la fuerza de las entidades municipalistas y de la ciudadanía" ha conseguido llegar a este punto, ahora "el "reto" es que las empresas suministradoras "asuman su corresponsabilidad", ya que la deuda contraída por las familias vulnerables "no se debe pagar con fondos públicos".

Para Campuzano, son tres las causas que provocan que para muchas familias sea "cada vez más difícil" hacer frente a los precios de la energía: la baja calidad de las viviendas, el bajo nivel de ingresos y el precio elevado de la energía y estos son puntos que "se deberían abordar con políticas como las que favoreciesen la rehabilitación de viviendas y su acceso".

Desde el mundo local "no podemos elaborar leyes", ha reconocido la vicepresidenta segunda de la Diputación de Barcelona, Meritxell Bundó, "pero sí presionar para que quien tenga capacidad reguladora lo haga".

Al respecto, ha recordado que "desde el 2008 el precio de la energía ha aumentado un 40 %" y, por ello, ha instado a "despenalizar el autoconsumo e incrementar el uso de las energías renovables".

La labor local, de "proximidad" es "esencial", para ayudar a las familias más vulnerables, han reconocido los participantes, y Colau ha explicado que en el último año y medio, en la ciudad de Barcelona, gracias a la labor de los 11 puntos de asesoramiento energético, el ayuntamiento "ha conseguido evitar 10.000 cortes de electricidad y ha atendido a 50.000 personas".

La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social, Francina Alsina, ha denunciado que las empresas suministradoras "no cumplen" la ley de pobreza energética y ha recordado que en Cataluña se ha cortado el suministro eléctrico por falta de pago a más de 67.000 familias "sin que las empresas hayan tenido en cuenta los preceptos de esta ley".

Por su parte, el experto en política energética Javier García Breva, en la conferencia inaugural del congreso, ha explicado que en España "pagamos 4 veces más por la energía eléctrica contratada que por la consumida", un "desequilibrio que genera unos beneficios de entre 7 y 10.000 millones al año a las compañías, a cambio de nada".

Esta especulación, para el experto, finalizaría si en el mercado energético español hubiese "más competencia" y no estuviese en manos de unas pocas empresas.

Las entidades impulsoras del congreso son los ayuntamientos de Barcelona, Badalona y Sabadell, Diputación de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Federación de Municipios de Cataluña (FMC), Asociación Catalana de Municipios (ACM), Mesa del Tercer Sector Social, Asociación Ecoserveis y la Alianza contra la Pobreza Enegética.

 
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