14-06-2018 / 17:10 h EFE

Los cinco miembros de La Manada condenados por abusar sexualmente de una joven madrileña en los Sanfermines de 2016 seguirán por videoconferencia, desde la cárcel, la vista del próximo lunes en la que se decidirá sobre la prórroga de su prisión provisional o su puesta en libertad.

El próximo 7 de julio, han explicado a Efe fuentes del TSJN, vence el plazo máximo de dos años para la prisión provisional, por lo que debe celebrarse una vista para decidir si se prorroga el encarcelamiento o, por el contrario, se atienden las peticiones de los abogados de los jóvenes condenados para su puesta en libertad.

La prisión provisional, en todo caso, puede prolongarse como máximo hasta la mitad de la condena impuesta, 9 años de cárcel para los miembros de la Manada, por lo que se podría prorrogar por otros dos años y medio.

En la vista del lunes, presidida por los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra que emitieron la sentencia, estarán presentes asimismo la fiscal y los abogados de todas las partes.

Para tomar su decisión, que deberá conocerse antes del próximo 7 de julio, los magistrados tendrán en cuenta el riesgo de fuga de los condenados, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva.

Si se concediera la puesta en libertad, la misma se haría efectiva de manera casi inmediata, el mismo día de la publicación del auto o al día siguiente.

La consejera de Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha asegurado hoy en conferencia de prensa que el Ejecutivo Foral ha presentado una alegación en contra de la puesta en libertad de los condenados.

Ollo, que ha presentado el "Informe anual del tercer acuerdo para la coordinación ante la violencia contra las mujeres", ha declarado que, si además se pide el acercamiento de los jóvenes a cárceles cercanas a sus lugares de origen, se valorará esa posibilidad, también por parte de los servicios jurídicos del Gobierno.

También ha presentado alegaciones para desestimar la petición de libertad provisional el Ayuntamiento de Pamplona, que ha registrado cinco escritos, uno por cada condenado, insistiendo en el riesgo de fuga y la importancia de las condenas impuestas en la sentencia.

Las alegaciones, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, señalan que las condenas a 9 años de prisión suponen "penas de evidente importancia y que pueden verse sustancialmente incrementadas a la vista de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y las acusaciones".

Los escritos destacan que el riesgo de fuga se ha visto incrementado por la sentencia, ya que actualmente "ya no nos encontramos ante una expectativa o posibilidad más o menos previsible de condena, sino ante la evidencia que suponen los hechos declarados probados", lo que "con independencia de la no firmeza de la misma, presume un sombrío futuro para los condenados".

Se indica, además, que los condenados se encuentran incursos en otra causa por la posible comisión de los delitos de abuso sexual y contra la intimidad de las personas "lo que no hace sino ensombrecer todavía más su futuro, ante lo cual puede darse la más que probable tentación de sustraerse a la acción de la justicia".

 
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