13-03-2018 / 17:40 h EFE

Los agentes de las Policías Locales de Castilla y León, donde hay unos 380 agentes que tienen entre 59 y 65 años, secundarán las concentraciones convocadas los días 23 de marzo y 6 y 20 de abril para exigir al Gobierno que apruebe el Real Decreto de la jubilación anticipada, paralizado desde hace seis meses.

La Plataforma por el Anticipo de la Edad de Jubilación de la Policía Local, integrada por las organizaciones sindicales CSIF, CC.OO, UGT, CSC y COP, ha presentado hoy en una rueda de prensa en la sede de CSIF de Palencia, la campaña de movilizaciones que se han convocado en toda España.

En principio estas movilizaciones consisten en concentraciones de una hora ante las subdelegaciones del Gobierno de las nueve capitales de Castilla y León los días 23 de marzo y 6 y 20 de abril, coincidiendo con las celebraciones del Consejo de Ministros.

La continuidad o no de las movilizaciones dependerá de la diligencia con la que actúe el Gobierno, para acabar con este proceso y que la jubilación anticipada sea una realidad.

Así lo ha trasladado el responsable de Seguridad de CSIF Castilla y León, Valentín Martínez, quien ha reiterado que no entienden el motivo de la paralización del expediente de la jubilación anticipada de la Policía Local en el Ministerio de Hacienda, que sigue sin "dar el visto bueno" después de seis meses.

"Ni el Ministerio ni el Gobierno nos han dicho nada, ni han dado alguna justificación", ha afirmado Martínez.

El responsable de CSIF ha insistido en que la aprobación del decreto de la jubilación anticipada de la Policía Local cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos, incluido el del Gobierno, y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

"Es una petición que cuenta con el apoyo de todas las partes que están afectadas, incluida la administración central, por lo que no entendemos el porqué de la paralización del proceso", ha subrayado.

Además ha explicado que la aplicación de la jubilación anticipada a los policías locales no supondrá gastos y costes añadidos a las cuentas públicas, ya que los pagos de la diferencia de las cotizaciones de la Seguridad Social, hasta los 65 años, las pagarán los ayuntamientos, siendo compensadas con la antigüedad y otros complementos de los agentes que se dejan de pagar, por jubilarse a los 60 años.

La Plataforma ha insistido en que esta demanda de la jubilación anticipada de los policías locales es "razonable y conveniente", ya que garantiza una mejor seguridad a los ciudadanos, y también salvaguarda la integridad física y la salud de los agentes locales.

En este sentido Martínez ha indicado que un policía de 60 años ya no está en las condiciones físicas que exige la realización de ciertos servicios y tareas que tienen cierto riesgo.

Además ha asegurado que la aplicación de la jubilación anticipada en la Policía Local supone una equiparación respecto a otras fuerzas de seguridad y otros servicios públicos.

También que la jubilación anticipada de los agentes locales supondrá "un alivio" para los Ayuntamientos, ya que no tendrán que pasar a una segunda actividad profesional alternativa al llegar a los 60 años, cuando las entidades locales no cuentan con puestos de trabajo para atender ese requerimiento que recoge la ley.

Por último ha advertido de "los graves perjuicios" que causa a los ayuntamientos el retraso de la aprobación de la jubilación anticipada de la Policía Local, ya que la elevada edad media de los policías locales en Castilla y León, con un porcentaje significativo de agentes que pudieran acogerse a la jubilación anticipada, podría colapsar los servicios de Policía Local en el 80% de los ayuntamientos de la Comunidad.

 
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