12-10-2017 / 17:31 h EFE

El Gobierno regional e Ignacio Diego no ejercerán la acusación particular en el juicio contra los siete jóvenes acusados de daños y coacciones por los incidentes ocurridos en una protesta contra el expresidente en la Universidad de Cantabria (UC) en 2014.

El Ejecutivo cántabro ha renunciado al ejercicio de acciones legales y civiles en este procedimiento, en el que ha sido modificada la intervención de Diego, que figuraba como denunciante, al ser su situación procesal la de testigo, según ha informado hoy la asamblea Preguntar No es Delito.

La vista se celebrará el próximo 25 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander.

La asamblea denuncia, en un comunicado, que hasta septiembre, un mes antes del juicio, no se les ha notificado que el Gobierno y Diego "se retiran" como acusación particular.

"Esperamos que esto se deba a que han entendido que no se sostienen las acusaciones y han preferido desmarcarse de esta historia antes del juicio", dice y califica de "incomprensible" que este siga en pie.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos ocurridos durante esta protesta contra Diego son constitutivos de delitos de coacciones y daños, y de faltas contra el orden público.

La Fiscalía atribuye a siete jóvenes un supuesto delito de coacciones y a tres de ellos también les achaca una presunta falta contra el orden público (falta de respeto y consideración a la autoridad), por unos insultos contra Ignacio Diego.

Por las supuestas coacciones pide para cada acusado una pena de multa de 4.200 euros y, por la falta contra el orden público, otra multa de 200 euros.

Pero uno de los jóvenes tiene también una petición de pena de un año de cárcel y una multa de 3.600 euros por un supuesto delito de daños.

 
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