14-09-2017 / 8:40: h EFE

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz Martín, ha dicho que "en todo momento" desde su Subdelegación se está "actuando con imparcialidad y neutralidad" en la aplicación de las normas y las leyes" en los recursos contra dos acuerdos de remunicipalizaciones de servicios en Cádiz y Chiclana.

En un comunicado, Muñoz ha mostrado su "más firme compromiso ante los ciudadanos de cumplir y hacer cumplir con las leyes que se aplican. Que nadie dude que lo venimos haciendo y que se seguirá haciendo en todo momento".

Para el subdelegado del Gobierno en Cádiz, dar traslado del caso a la jurisdicción contencioso-administrativa "de ningún modo debe ser considerado como imposición", y ha recordado a los responsables del equipo de gobierno de Cádiz que "por fortuna, en España gozamos de la separación de poderes y nadie está ajeno al cumplimiento de las leyes y de la actuación de la justicia".

La Subdelegación del Gobierno ha presentado recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz en el caso de acuerdos plenarios para remunicipalizar servicios de los ayuntamientos de Cádiz y Chiclana de la Frontera.

Muñoz ha subrayado que" ninguna administración está por encima de las normas y de la legalidad vigente, y precisamente los ayuntamientos, como es este caso y al igual que todas las administraciones y sus representantes, deben ajustarse a la legalidad vigente como administración pública que son".

"Lo único que estamos haciendo al recurrir es velar por el cumplimiento de la normativa actual", ha dicho el subdelegado del Gobierno en Cádiz, quien ha indicado a los equipos de gobierno de los ayuntamientos donde ya se ha procedido a remunicipalizar servicios y que han sido recurridos que "los responsables municipales son los primeros, como gestores de la administración más cercana al ciudadano en su municipio, que deben asesorarse y conocer si un acuerdo es legal o no".

La Subdelegación del Gobierno ha recurrido la decisión plenaria del Ayuntamiento de Cádiz atendiendo a que los criterios de igualdad, mérito y capacidad son los únicos que pueden y deben seguir las administraciones públicas para proceder a la selección del personal, siendo las convocatorias públicas las que doten de contenido a estos principios.

Ha defendido, en esta línea, que las convocatorias deben regirse por el principio de publicidad, siendo las formas de acceso al empleo público las dispuestas en el artículo 61 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

"La subrogación del personal procedente de las contratas como personal indefinido no fijo, vía artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, vulnera los principios reseñados anteriormente, implicando además un incremento paralelo del número de personal al servicio del sector público y del correlativo gasto público", ha sostenido la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

En este sentido, ha considerado que la municipalización pone en riesgo los principios de estabilidad presupuestaria y contención del endeudamiento establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, que toda corporación municipal debe cumplir, máxime cuando el Ayuntamiento gaditano tiene aprobado un Plan de Ajuste en vigor para el periodo 2013/2023.

 
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